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Concejales de la Municipalidad de Concepción realizaron dos denuncias ante la Fiscalía Local, solicitando investigar posibles ilícitos en el municipio. Una de las investigaciones se relaciona con contratos por servicios y licencias médicas presuntamente falsas, mientras que la otra se centra en un aumento millonario en un contrato de recolección de basura sin justificación aparente. Se señala posible fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y delitos funcionarios. Los concejales argumentan que, si bien algunos casos podrían ser faltas administrativas, otros podrían constituir delitos, por lo que realizaron las presentaciones correspondientes.

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Dos investigaciones criminales contra la Municipalidad de Concepción pidieron concejales a la Fiscalía. Los antecedentes por fraude al Fisco, entre otros delitos, tienen que ver con licencias médicas falsas, irregulares y millonarios contratos e intervención electoral.

Fueron dos presentaciones que los ediles hicieron ante la Fiscalía Local de Concepción, pidiendo investigar la posible comisión de ilícitos al interior del municipio penquista.

La primera denuncia se refiere a tres hechos puntuales, dos detallados por el concejal Boris Negrete, dando cuenta de contratos por servicios a la Municipalidad de Concepción.

Uno de ellos, supuestamente, pagado por un tercero, además de las 200 licencias médicas presentadas por el director del cesfam del sector Costanera, Arnaldo Casas, y que según la Contraloría podrían haber sido falsas.

El tercer hecho que se pide investigar es la presunta intervención electoral desde el municipio en favor de Aldo Mardones, lo que según la concejala Claudia Arriagada está probado y que se ha realizado con recursos públicos.

La segunda denuncia, por posible fraude al Fisco, la ingresó el edil Jaime Monjes, a raíz del aumento en 2 mil millones de pesos, y que sin explicación -sostuvo- hizo la municipalidad al contrato con la empresa de recolección de basura.

El abogado Carlos Bravo explicó que si bien es el Ministerio Público el que debe determinar los posibles ilícitos, inicialmente se estaría frente al posible fraude al Fisco, la malversación de caudales públicos y delitos funcionarios.

Consultados los concejales si no se está frente a faltas administrativas que deberían ser conocidas por la Contraloría, señalaron que algunos antecedentes efectivamente están en conocimiento del organismo, pero que otros podrían configurar delitos y por eso la presentación al Ministerio Público.