El Ministerio Público decidió aplazar la audiencia de formalización de los imputados en el caso Puerto Coronel, donde exjecutivos y contratistas de la empresa, junto al alcalde y un concejal de la misma comuna, son acusados de delitos tributarios, corrupción, cohecho y fraude.
De acuerdo a lo ocurrido, tras ser aplazada en dos ocasiones, las defensas de los imputados solicitaron postergar nuevamente la audiencia, donde se conocerían las medidas cautelares de los citados.
El motivo, principalmente, fundado en que los abogados de los acusados no tuvieron acceso oportuno a la carpeta de investigación y que debido a esto, no se podrían hacer cargo de las eventuales medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
En este sentido, se determinó fijar la audiencia de formalización para el día 9 de diciembre a las 08:30 horas.
Sin embargo, el persecutor a cargo de la audiencia comentó no se volverán a aceptar peticiones de aplazo.
Cabe recordar que dentro de esta investigación también está en calidad de imputado el actual alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien de hecho busca su reelección.
Delitos investigados
La denuncia que dio origen a la investigación del citado caso fue presentada ante la Fiscalía por el actual gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román.
Cabe recordar que posteriormente se querelló acusando que exaltos funcionarios de la empresa propiciaron y efectuaron pagos de sobornos a personeros políticos y dirigentes sindicales.
El modus operandis de los implicados es que utilizaban empresas de proveedores del puerto para facilitar facturas ideológicamente falsas y así justificar los pagos de las coimas.
Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por delitos tributarios en contra de exjecutivos y contratistas de Puerto Coronel.
Se trata de una acción judicial contra Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de la firma, Javier Anwandter, exgerente de la compañía, Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas del terminal portuario.
Finalmente, por los hechos que expone el Servicio de Impuestos Internos en la acusación, se habría generado un perjuicio fiscal total de $497.477.513 (cifra actualizada a septiembre de 2024), por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
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