Ante la posibilidad cierta que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva de los imputados en el caso Puerto Coronel, los abogados defensores creen que no se dan los requisitos para esa medida cautelar y que, por lo tanto, se opondrán.

La defensa del alcalde Boris Chamorro evitó pronunciarse y dijo que entregará su opinión ante el juzgado el próximo 9 de diciembre.

Uno a uno fueron llegando al Juzgado de Garantía los siete investigados en el caso Puerto Coronel, confiados en que la audiencia fuera suspendida y reprogramada, como finalmente ocurrió.

Tienen ahora poco menos de dos meses, hasta el 9 de diciembre, para preparar la defensa, pero principalmente los argumentos para oponerse a la prisión preventiva que, según ha trascendido, es la cautelar ya decidida por la Fiscalía y que será solicitada para todos los imputados.

Andrés Cruz, abogado del concejal Eduardo Araya, quien enfrenta cargos por cohecho, admitió que es altamente posible ese escenario, pero acusando que la cautelar se sustenta más en el clamor popular que en el derecho.

Consultado si se dan los requisitos legales para la prisión preventiva, el abogado Alejandro Espinoza sostuvo que al menos respecto de su cliente, el exgerente general de Puerto Coronel, Eduardo Harthwig, esa medida cautelar no se justifica.

Quien arriesga más que la pérdida de la libertad con la prisión preventiva es el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, pues en caso de ser enviado a la cárcel quedaría en jaque su cargo si es que el 27 de octubre es reelegido para un tercer período.

Su abogado, Waldo Ortega, no quiso ponerse en ese escenario y evitó adelantar con qué argumentos se opondrá a esa eventual cautelar.

En la eventualidad que la justicia decrete la prisión preventiva tras la formalización fijada para el 9 de diciembre, el jefe comunal tendría que dejar de ejercer el cargo y definitivamente lo perdería si la cautelar se extiende por más de 45 días.

Cabe mencionar que, el abogado Mario Rojas, defensor del Jan Andwanter, no fue consultado respecto de la medida cautelar que eventualmente presentaría la Fiscalía para los imputados.