Para el 25 de noviembre fue aplazada la formalización de la arista Fundación Bonhomía, del caso Convenios en la región del Bío Bío, tras acogerse la solicitud de algunos de los abogados defensores de los 11 imputados.
Sobre el detalle de los cargos a formular, la fiscal regional dijo que serán entregados en la nueva audiencia, sin adelantar tampoco las cautelares que pedirán.
Fue tras un extenso debate que el juez de Garantía de Concepción, Iohan León, suspendió la formalización de la tercera arista del caso Convenios, luego que la Defensoría y abogados privados explicaran problemas de salud y la necesidad de mayor tiempo para el estudio de la carpeta investigativa.
El Ministerio Público se opuso al cambio de fecha y pidió que si finalmente se accedía a una reprogramación se hiciera respecto de los 11 imputados y no sólo de algunos, lo que fue acogido por el tribunal.
La fiscal regional Marcela Cartagena dijo que venían preparados para formular cargos y solicitar las medidas cautelares, antecedentes que no quiso adelantar porque serán entregados el próximo 25 de noviembre para cuando finalmente se agendó la audiencia.
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Investigan traspaso de $356 millones
El caso Bonhomía tiene que ver con los 356 millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional del Bío Bío a la fundación, que según la Fiscalía contó con la colaboración ilícita de empleados públicos. Eso, sin embargo, fue descartado categóricamente por el ex funcionario Marco Loyola, contraparte técnica del convenio.
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Otro hallazgo en la investigación a cargo de la fiscal María José Aguayo es que quienes postularon a los fondos públicos habrían “arrendado” la fundación, sin que los dineros fueran a los programas sociales comprometidos.
Eso también fue desmentido por el abogado de los responsables de la Fundación Bonhomía, Gonzalo Elgueta, asegurando que los fondos fueron bien utilizados.
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Inicialmente la audiencia de formulación de cargos estaba prevista para que se extendiera por dos jornadas, pero ahora el Juzgado de Garantía fijó la audiencia para completarse -con la formalización y solicitud de cautelares- en una audiencia de cuatro días.