Una mesa conciliadora con el holding CAP están pidiendo los trabajadores de las empresas contratistas de Huachipato, que aspiran a la obtención de bonos similares a los entregados a los empleados directos de la siderúrgica.
Afirman que los subsidios ofrecidos por el gobierno no son suficientes para retener al personal.
Subsidios de retención de mano de obra equivalentes a un 80% del sueldo mínimo el primer mes y un 60% en los meses siguientes, son parte los beneficios anunciados por el gobierno para impedir el cierre de empresas que prestaban servicios a Huachipato, industria que este mes se apagará definitivamente.
Buscan recibir bonos similares a los entregados a trabajadores directos
Porfirio Ochoa, vocero de las más de 90 empresa que prestaban servicios en la usina, señaló que el gobierno se equivoca al darles un trato igualitario, pues algunas son externas, pero otras tenían incluso instalaciones dentro de la planta.
Sobre los subsidios estatales disponibles, indicó que no es suficiente cuando se trata de retener a personas cuyo sueldo supera los 800 mil pesos.
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Los trabajadores de estas empresas contratistas y subcontratistas están conscientes de que este mes todo se acaba en Huachipato, por lo mismo apelan a la obtención de un bono de salida similar al que la siderúrgica entregó a sus empleados directos.
Hugo Mendoza, vocero de la agrupación, dijo que algunas empresas no tienen cómo pagar finiquitos y por esto convocaron al Holding CAP a una mesa conciliadora donde puedan plantear su petitorio.
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La delegada presidencial en la región, Daniela Dresdner, señaló que les preocupa la incertidumbre de estas empresas, que el gobierno espera puedan avanzar en un acuerdo con el Grupo CAP, y que ya se trabaja en el acompañamiento para que puedan generar nuevos contratos.
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La mesa de empresas contratistas de Huachipato viene insistiendo en una reclasificación de las firmas vinculadas a la siderúrgica, que se diferencian fundamentalmente por la velocidad de creación de empleo.
En la búsqueda de cerrar nuevos contratos en el sector público y privado, piden apurar reuniones con empresas del estado y mineras en el norte del país, donde podrían reubicarse cerca de mil trabajadores.