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Trabajadores de plantas pesqueras de consumo humano del Bío Bío expresan molestia hacia la parlamentaria María Candelaria Acevedo por su voto clave a favor de fraccionar la cuota de merluza en un 70% para la pesca artesanal y 30% para la industrial, poniendo en riesgo empleos formales de 800 mujeres en PacificBlu. La diputada argumenta que la pesca artesanal genera más empleo, mientras que la empresa la califica de incomprensible por las restricciones operativas del sector. El gremio critica también el fraccionamiento del jurel y recuerda el impacto negativo de la Ley de la Jibia de 2019 en la región.

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La Federación de Trabajadores de Plantas Pesqueras de Consumo Humano de la región del Bío Bío manifestó su malestar contra la parlamentaria por la zona, María Candelaria Acevedo, tras su voto que fue clave para aprobar el fraccionamiento de la merluza en un 70% para la pesca artesanal y 30% para la pesca industrial.

Ante el voto, para los trabajadores la medida atenta contra los empleos formales de las 800 mujeres que trabajan en la única planta de proceso -PacificBlu- en la zona.

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Así lo señaló Pedro Rodríguez, secretario general de Festrach, quien dijo que la “parlamentaria de nuestra región es quien está en contra de los trabajadores de la industria pesquera“.

Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo argumentó su voto, señalando que la pesca artesanal da más empleo que la industrial y de igual manera la merluza llega a las plantas procesadores.

Desde PacificBlue calificaron de “incomprensible” la asignación del 70% de la cuota al sector artesanal, considerando las restricciones operativas que este enfrenta.

“Es evidente que la flota artesanal no tiene la capacidad de abastecer de forma regular a las plantas industriales. Sin embargo, la Comisión insiste en desconocer esta realidad y en otorgar una mayoría de la cuota al sector, ignorando también las limitaciones climáticas que afectan su operatividad”, sostuvo la empresa.

El gremio agregó que además están en desacuerdo con el fraccionamiento del jurel, que de un 15% subió a un 25% y que no pierden de vista que la Ley de la Jibia de 2019, que significó el cierre de 4 plantas en Bío Bío.