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Este miércoles en el Juzgado de Garantía de Lota se formalizó a Eva Vargas Torres, directora de Desarrollo Comunitario de Lota, por lesiones leves, a pesar de la detención previa sin registro médico de constatación de lesiones. La jefa de Seguridad del municipio, Paulina Herrera, denunció agresiones en una reunión en la Dideco. Se solicitaron tres medidas cautelares, pero la defensa las consideró exageradas. Solo se decretó la prohibición de acercarse a la víctima, generando la necesidad de medidas para evitar encuentros. Aunque el municipio calificó la pelea como un "altercado verbal", se fijó un plazo de tres meses para investigar.

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Este miércoles se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Lota, la formalización de Eva Vargas Torres, directora de Desarrollo Comunitario de Lota, imputada por lesiones leves.

Lo anterior, pese a ser declarada como ilegal la detención, dado que la aprehensión de la imputada se dio antes de que se contara con un registro médico de constatación de lesiones por parte de la denunciante.

La afectada, Paulina Herrera, jefa de Seguridad del municipio, llegó hasta la Tercera Comisaría para dar cuenta de las agresiones que habría recibido en una reunión desarrollada en la Dideco. Así lo señaló el mayor de dicha unidad, Arturo Obregón.

El fiscal Gonzalo Burgos, describió la dinámica de la denuncia con base al parte policial de Carabineros.

En la formalización se pidieron tres cautelares: arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse a la víctima.

Las dos primeras fueron consideradas como “exageradas” por la defensa de la acusada, Raúl Bustos.

Por ello, sólo se decretó la medida de prohibición de acercarse voluntariamente a la afectada, ante lo cual el municipio deberá aplicar medidas que eviten el encuentro entre las partes, dado que se trata de dos funcionarias públicas, dijo el juez Jorge Henríquez.

La corporación edilicia, pese a la tipificación del delito acusado, calificó la pelea como un “altercado verbal” mediante un comunicado.

El alcalde, Patricio Marchant, señaló que este tipo de episodios ocurre en todas las municipalidades. Mientras que el concejal, Alejandro Cartes, pidió no normalizar la violencia.

Finalmente, el tribunal lotino fijó un plazo de tres meses para investigar lo ocurrido.