La justicia dio como plazo fatal hasta el 20 de septiembre para que Carabineros, la Delegación Presidencial y la Municipalidad de Arauco cumplan el fallo que ordenó el desalojo de una toma en esa comuna. El municipio dijo tener el albergue para el traslado de las personas y sólo resta que Carabineros decida la forma y la fecha en que se realizará el desalojo.

En diciembre de 2023 la Corte Suprema dictó la sentencia final, otorgando un plazo de seis meses para el desalojo de los ocupantes ilegales de un paño propiedad del Serviu, aledaño a un conjunto residencial, cuyos dueños presentaron el recurso de protección acogido por los tribunales.

A casi nueves meses y ante el incumplimiento de la resolución judicial, el 28 de agosto pasado la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la solicitud de la Municipalidad de Arauco, que pedía más tiempo debido a que no cuenta con el lugar adecuado para albergar las personas que ocupan ilegalmente el terreno.

Consultado, el abogado de la vecina que interpuso el recurso, César Méndez, explicó que lo que hizo el tribunal de alzada fue dejar como definitivo el plazo del 20 de septiembre para que Carabineros proceda con el desalojo.

Desde el municipio, el abogado Eduardo Hidalgo, explicó que habían pedido más plazo porque el lugar disponible para cobijar a las personas eventualmente desalojadas no es el óptimo, pero que si la medida se concreta, lo tendrán habilitado.

Desde dictado el fallo el año pasado, las autoridades han intentado coordinarse para efectuar el desalojo y al mismo tiempo han explicado a los habitantes de la toma la necesidad de cumplir la orden judicial, informó la seremi de Gobierno, Jacqueline Cárdenas.

Blanca García, la vecina que denunció la ocupación del terreno a los tribunales, explicó que ante el riesgo de vivir en medio de una toma fue ella quien debió salir de su casa, sin entender que las autoridades aún no cumplan el fallo.

Son alrededor de 60 familias las que tendrían que salir del terreno ubicado en el sector Los Arrayanes de Arauco, quienes podrían desalojar sus inmuebles de manera pacífica o esperar que Carabineros utilice la fuerza, como lo autorizó la Corte Suprema.