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Hace un año, siete personas perdieron la vida en el cruce ferroviario de Boca Sur, San Pedro de la Paz. Familiares han vivido un año de dolor y esperan consuelo de los tribunales, criticando el abandono de las autoridades, especialmente del alcalde Javier Guiñez. Se cuestiona la falta de respuesta del Estado, considerando las medidas como parches y anuncios, como el compromiso de cerrar el cruce en dos años. La empresa del bus involucrado, representada por el alcalde, no tenía revisión técnica. El abogado Andrés Durán busca determinar la responsabilidad de la empresa y del Ministerio de Transportes, confiando en la sanción al imputado Alejo Santander, en prisión preventiva por siete delitos de homicidio.
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Este 1 de septiembre se cumplió un año desde la fatal mañana que se registraron siete personas fallecidas en el cruce ferroviario en el ingreso al sector Boca Sur de San Pedro de la Paz.
Entre las víctimas hubo profesores, como Claudia Yévenes. Su hermana, Cristina, se refirió a lo que han sido estos últimos 12 meses llenos de dolor para las familias, esperando que los tribunales les den algo de consuelo. Ya que de parte de las autoridades, principalmente del alcalde Javier Guiñez, dijo, solo han sentido abandono.
Tampoco ha existido una respuesta del Estado, expresó Cristina Yévenes, al calificar como medidas de parche las adoptadas y otras solo anuncios, como el compromiso de cierre del cruce en un plazo de dos años. Ni siquiera algo tan obvio, como el control de la locomoción colectiva, agregó.
Al momento de la colisión, el bus, que pertenecía a una línea representada legalmente por el jefe comunal en su calidad de empresario, no contaba con revisión técnica. Por eso, el abogado Andrés Durán, querellante por familiares de tres víctimas, dijo que falta determinar la responsabilidad de la empresa y del Ministerio de Transportes, confiando, sin embargo, en la sanción al imputado.
Alejo Santander se encuentra en prisión preventiva desde octubre del año pasado, imputado por siete delitos de homicidio. En varias oportunidades, la justicia ha rechazado rebajar su cautelar y hoy se está a la espera de la ampliación del plazo de investigación ya solicitada por la Fiscalía.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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