El Juzgado de Garantía de Concepción finalmente acogió la solicitud de Gendarmería y decretó que los acusados en una investigación por trata de personas comparezcan a la preparación del juicio remotamente desde la cárcel.

Las defensas presentarán un último recurso, de manera que la presencialidad de los abogados se extienda también a los imputados.

Para el próximo 27 de agosto fue fijada finalmente la preparación del juicio oral en el caso por el traslado de mujeres desde Venezuela y Colombia a Chile, para ejercer el comercio sexual en Concepción, bajo abusos y amenazas.

Hubo un debate sobre la forma presencial o telemática de la audiencia, resolviendo finalmente el juez Juan Pinochet que los abogados acudieran al tribunal y los acusados comparezcan virtualmente, como lo confirmó el abogado defensor particular, Carlos Concha.

Esa decisión será impugnada, adelantó otro de los defensores, el abogado Juan Claudio Sandoval, subrayando en la importancia de la cercanía que deben mantener con sus clientes en cualquier audiencia judicial.

La decisión de no trasladar a los acusados desde la cárcel al juzgado se tomó ante un informe de Gendarmería, sobre problemas de inseguridad a raíz del tránsito vehicular en los alrededores del Juzgado de Garantía, infiriendo la posibilidad de un intento de rescate de los detenidos en esas condiciones.

El abogado Sandoval, sin embargo, calificó de infundado ese temor, descartando que sus clientes sean peligrosos por su supuesto nexo con la organización criminal Tren de Aragua.

Fue una decena de detenidos en una investigación que se arrastraba desde el 2020 a cargo del fiscal Patricio Aravena, quien finalmente acusó a nueve extranjeros y una chilena por los delitos de trata de personas, tráfico de drogas y porte ilegal de armas y municiones, pidiendo hasta 46 años de cárcel, aunque las penas solicitadas por la Delegación Presidencial y el Instituto de Derechos Humanos llegan al presidio perpetuo.