En la región del Bío Bío son cuatro los condenados por delitos de lesa humanidad que aún no se entregan o se mantienen prófugos, evitando así el cumplimiento de las penas definitivas dictadas por la justicia a raíz de crímenes cometidos en dictadura.
El carabinero (r) Juan de Dios Higueras debería haber ingresado a la cárcel en 2022, cuando la Corte Suprema lo condenó a 15 años por la masacre de agricultores en Mulchén.
Por su parte, Luis Barrueto, un civil, cumplió un año desde que decidió fugarse para no cumplir los 10 años de prisión.
En tanto, desde marzo no han podido ser ubicados los ex carabineros: Alberto Fernández, quien recibió la pena de presidio perpetuo; y Mario Montoya, sancionado con 15 años de cárcel por los homicidios de la llamada Matanza de Laja San Rosendo.
Desde hace tiempo los familiares de las víctimas han manifestado su frustración por las condenas sin cumplir en causas por violación de derechos humanos.
Condenados prófugos: abogados acusan falencias en PDI y justicia
El abogado Hernán Fernández atribuye esta situación a un problema con el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la notificación de las sentencias.
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Es necesario mencionar que existe ¿una brigada especialmente conformada por la policía civil para lograr la captura de los condenados.
Por su parte, para Patricio Robles, abogado querellante en el caso Laja San Rosendo, las fugas pudieron evitarse si se hubiese decretado oportunamente algún tipo de medidas cautelares.
“Surge porque en la tramitación de los procedimientos no hubo un decreto de medidas cautelares que permitieran asegurar las comparecencias futuras y así la presentación a la ejecución de la pena de los condenados”, explicó.
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A nivel nacional son una veintena los condenados prófugos por secuestros y homicidios perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet.