Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) publicó dos auditorías vinculadas a la entrega de licencias de conducir. Una en la municipalidad de Renaico, Región de La Araucanía; y otra Coronel, región del Biobío. Ambas revelaron falta de control en el trámite.
Renaico
En Renaico, el ente investigador notificó que una funcionaria del Departamento de Tránsito facilitó la dirección de su domicilio a personas que no residían en la comuna, para que así la obtuvieran en dicho municipio. En tanto, otro funcionario entregó respuestas del examen teórico a quienes rendían la prueba.
Las irregularidades involucraron también a personal de Carabineros de Chile y la PDI. Ya que siete carabineros declararon sus domicilio en una tenencia de Renaico, cuando en realidad no se desempeñaban allí al momento de obtener su licencia. Asimismo, dos funcionarios de la PDI declararon su domicilio en la dirección de una trabajadora del municipio.
Por otra parte, se constató que 185 licencias otorgadas no habían sido ingresadas al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados y se emitieron permisos vehiculares a personas que no aprobaron sus exámenes.
Desde la CGR informaron que la municipalidad abrió un sumario, misma acción que hizo Carabineros, para determinar las eventuales responsabilidades del actuar de sus funcionarios. Por su parte, la PDI se encuentra indagando el caso y deberá informar sus conclusiones en un plazo de 60 días.
El informe fue remitido al Ministerio Público para su conocimiento y los fines que estime pertinentes.
Coronel
En el caso de Coronel, aunque ya se hizo un sumario administrativo en torno a la temática en 2020, se detectaron más irregularidades.
En esta oportunidad, se determinó la tramitación de una licencia clase C por parte de un funcionario a su hijo, omitiendo el principio de abstención.
Igualmente, se detectaron otros incumplimientos, como falta de antecedentes en las licencias de conducir otorgadas; entrega de licencias de clase B a contribuyentes con certificados de estudios eventualmente irregulares; emisión de documentos vehiculares sin cumplir las restricciones establecidas por el médico psicotécnico; y la presunta venta de licencias.
La Contraloría dio plazo de entre 60 y 90 días hábiles en algunas observaciones para que el municipio de cuenta de lo expuesto en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR. El informe, además, fue remitido al Ministerio Público.
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