La Superintendencia de Educación presentó al municipio de Lota a Gerardo Retamal Rojas como administrador provisional, quien operará como sostenedor para los 15 colegios y liceos públicos de la comuna.
Por ahora, la deuda salarial del 36% correspondiente a julio continúa y se espera que en un plazo de 10 días se pueda pagar a los cerca de mil trabajadores de la educación.
La medida se tomó a fin de garantizar el pago de cotizaciones y remuneraciones de los trabajadores del sector, así como dar continuidad educativa a los más de 4 mil estudiantes que conforman la matrícula en la comuna, señaló el director regional de la Superintendencia del ramo, Carlos Martínez.
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Son dos los espacios físicos que se barajan para el funcionamiento del administrador provisional y se espera que antes de fin de mes se pueda pagar el remanente adeudado de sueldos líquidos, complementó el alcalde de Lota, Patricio Marchant.
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El proceso busca generar una instancia de transición entre el municipio y el Servicio Local de Educación Andalién Costa que, junto con Lota, también asumirá la dirección de las comunas de Coronel, Santa Juana y San Pedro de la Paz.
Por ello se coordina el desarrollo de auditorias para contar con el estado financiero de cada municipio en dicho departamento, antes del traspaso, dijo el director ejecutivo del SLEP, Ramón Jara.
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Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, valoró la medida pero crítico la tardanza en concretar dicho nombramiento.
Por ello, espera que casos como Lota no se repliquen en otras localidades.
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Sobre los sueldos líquidos de julio, aún se adeuda el 36%, señaló Edith Aguilera, tesorera de la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipal.
Muchos de sus representados, al momento, del pago, se les depositó entre 300 y 400 mil pesos, a la espera del remanente que se les adeuda.
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El nuevo sostenedor, al operar con la Ley de Presupuesto, parte bajo una lógica de una en blanco; vale decir, sin deudas.
En el caso de Lota, por ejemplo, será el Estado quien asuma lo que adeude el municipio, siendo la casa edilicia la que deberá pagar -en cuotas- el forado económico generado durante los últimos años.