En el marco del caso Convenios, la Contraloría General de la República emitió un informe respecto a los acuerdos de transferencia provenientes del Gobierno Regional del Bío Bío. Tras la auditoría publicada esta semana, se descubrió un posible conflicto de interés del gobernador regional, Rodrigo Díaz Wörner, a la hora se suscribir los convenios con organizaciones.
Recordemos que, considerando el periodo de tiempo entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2023, la auditoría tuvo por finalidad verificar si los gastos se alineaban con los objetivos presentados.
A lo anterior se suma verificar si existían supervisiones eficaces por parte del GORE Bío Bío, y si las transferencias estaban debidamente justificadas: los resultados no fueron alentadores.
Posible conflicto de interés de gobernador Díaz en caso Convenios
Entre lo que se detalla, está el caso de un vínculo entre el gobernador Díaz y el tesorero de la Corporación Motum, Giorgio Galgano Cabrera, quien “participó en la campaña electoral del señor Díaz Wörner como ‘vocero para temáticas de innovación como motor de crecimiento’”.
“No resultó procedente que el señor Díaz Wörner, en su calidad de Gobernador Regional, suscribiera el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa ‘Resolución pacífica de conflictos estudiantiles de enseñanza media del Biobío’”, detalla el informe.
Dicho programa consistía en “talleres, eventos y conversatorios” para que jóvenes de enseñanza media del Bío Bío obtuvieran “herramientas básicas” para la “resolución pacífica de conflictos”.
En total, fue un monto total de $230 millones que fueron transferidos desde el Gobierno Regional al momento de la firma y, adicionalmente, se dispuso un saldo extra de $146 millones. Esto, según el avance efectivo del programa.
La idea de la iniciativa, según el mismo convenio, era contribuir a la baja de la violencia escolar y a disminuir las brechas, entre ellas, “la falta de interés en política” de los jóvenes.
Cabe mencionar que lo anterior fue alertado en virtud de una denuncia presentada por consejeros regionales ante la Contraloría, lo que fue corroborado por el ente contralor a través de una publicación en la red social X, antes Twitter.
Otros hallazgos sobre convenios vinculados a GORE Bío Bío
Sumado a lo anterior, también se detectó retrasos significativos en la aprobación y contabilización de las rendiciones de cuentas, algunos llegando hasta 157 días hábiles.
Al 30 de septiembre de 2023, 72 rendiciones de cuentas, por un total de $1.509.491.829, aún no habían sido aprobadas o rechazadas.
Otro punto crítico es la falta de control respecto a la documentación exigida en las rendiciones de cuentas.
“El GORE tiene como práctica habitual aprobar las rendiciones de gastos solo con las facturas y boletas de compraventa de los respectivos proveedores de servicios” señala el informe, indicando que esto no cumple con las exigencias establecidas en los convenios.
De acuerdo con el Informe del ente contralor, el GORE ejecutó convenios con varias entidades privadas sin fines de lucro, entre las cuales se encuentran la Fundación En Ti, la Corporación Ciudades y la Fundación para la Educación Financiera (FUNDEF).
La auditoría detectó múltiples irregularidades en la ejecución de estos convenios, lo que pone en duda la eficacia y transparencia de los procesos de transferencia de recursos.
En cuanto a la Fundación Bonhomía, se constató que los documentos rendidos para justificar el programa “Política regional para promover el bienestar: Biobío vive sano” carecía de respaldo adecuado.
“Se verificó que la Fundación Bonhomía, para efectos de acreditar el cumplimiento del programa, elaboró un documento sin fecha ni firma, con planillas Excel que no identificaban a los asistentes que participaron en las actividades descritas”, informa la auditoría.
La situación no es diferente para la ONG Red Cultivarte y FUNDEF. Los gastos rendidos, por la suma de $16.376.691, carecen de documentación adicional que respalde la adquisición de bienes o la correcta ejecución de los servicios contratados.
La Fundación Chinquihue también estuvo bajo escrutinio durante la auditoría. Se descubrió que las rendiciones de cuentas presentadas por esta entidad, correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2022, fueron aprobadas sin la validación técnica correspondiente.
“Las rendiciones de cuentas no contaban con un documento formal suscrito por la contraparte técnica que diera cuenta de su revisión y aprobación”, especifica el informe.
Esto evidencia una falta de coordinación entre los departamentos técnicos y financieros del GORE, lo que contraviene los principios de control interno y administración eficiente de los recursos públicos, sostiene el ente contralor.
Respuesta del GORE Bío Bío
DECLARACIÓN PÚBLICA
• En relación al informe Final N°4 Auditoría y examen de cuentas a las transferencias de capital efectuadas a las entidades privadas y sin fines de lucro, elaborado por la Contraloría General de la República, desde el Gobierno Regional del Biobío, recogemos las observaciones que se han realizado y recalcamos nuestra disposición a seguir en este proceso de mejora continua del servicio.
• Valoramos el esfuerzo realizado por el organismo contralor y nos comprometemos a seguir avanzando en mejorar los estándares, tanto en sistemas de control interno, fomentar prácticas de Compliance y perfeccionamiento de mecanismos de prevención.
• Sin perjuicio de lo anterior, como Gobierno Regional del Biobío valoramos que los antecedentes que fueron entregados a Contraloría fueran considerados e incluidos en las observaciones realizadas.
• Entendemos, también, que las conclusiones van orientadas a mejorar las debilidades detectadas y dedicaremos el trabajo de esta gestión, para poder superarlas. Como Gobierno Regional acatamos y aplicaremos, en los plazos recomendados, las medidas señaladas por el organismo contralor.
• Como Gobierno Regional del Biobío tenemos un compromiso para que este tipo de hechos no se repita bajo ninguna administración. Por ello, hemos implementado 18 medidas de probidad para mejorar los procesos de control y buen uso de los recursos públicos, incorporando medidas incluso más allá del marco legal.