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Las diligencias por la querella presentada por 72 docentes de Lota contra el alcalde Patricio Marchant, debido a la deuda previsional del municipio, avanzan por buen camino en la región del Bío Bío. El Ministerio Público y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI están a cargo de las investigaciones, que también apuntan al pago escalonado de los sueldos líquidos. El abogado de los docentes, David Concha, no descarta ampliar la acción judicial. Además, se han reportado irregularidades en el Departamento de Educación Municipal, incluyendo pagos a honorarios a trabajadores contratados, presuntas faltas a la probidad y un caso de un paradocente que recibió más de $2 millones sin justificación. El alcalde Marchant alega motivaciones electorales en las acusaciones y no en el afán de fiscalizar. En medio de la crisis financiera del DEM, el alcalde solicitó la instalación de un administrador provisional al ministro de Educación.

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Por “buen camino” van las diligencias realizadas en el marco de una querella que presentó un grupo de 72 docentes en contra del alcalde de Lota, Patricio Marchant, ante la deuda previsional que tiene el municipio con sus trabajadores.

Recordemos que las diligencias están a cargo del Ministerio Público y también de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la región del Bío Bío.

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En concreto, se trata de una deuda previsional que tiene el sostenedor con los trabajadores de la educación municipal, lo cual se suma al pago escalonado de los sueldos líquidos.

Así lo señaló el abogado de los docentes, David Concha, quien no descartó que la acción judicial presentada se amplié en contra de funcionarios del DEM o que existan, derechamente, formalizaciones.

Una denuncia que va en línea similar a la que fue presentada en su momento cuatro concejales. Esto, tras el informe que la casa edilicia presentó donde se acusan irregularidades en el Departamento de Educación Municipal.

En dicho documento se considera, entre otros puntos, pagos a honorarios a trabajadores que ya cuentan con salario al estar contratados y presuntas faltas a la probidad.

A lo anterior se suma el caso de un paradocente que llegó a recibir, en un mes, más de $2 millones ya que fue contratado para supervisar a guardias de seguridad. Sin embargo, no se encontró el anexo que acreditara la contratación de ese servicio.

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Uno de los concejales que presentó la denuncia, Alejandro Cartes, dijo que espera que el Ministerio Público “haga su trabajo”.

Consultado por el tema, el alcalde Patricio Marchant dijo que estas acusaciones responden más bien a un ánimo electoral y no en el afán de fiscalizar.

Por la crisis que vive el DEM en Lota, con un déficit que incluso superó en su momento los $10 mil millones, el alcalde solicitó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la instalación de un administrador provisional.