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El Consejo Regional del Bío Bío sancionó a Piero Blas por entregar clave de ingreso al sistema informático del GORE a exfuncionaria investigada en Caso Convenios, siendo admitida a trámite la querella por arista penal abierta por el gobernador Rodrigo Díaz. La Comisión de Ética del CORE analizó la conducta del consejero, determinando una amonestación como sanción menor. Según Blas, medida orquestada por Francisco Reyes para desviar atención de escándalo por transferencias de fondos a fundaciones y posible repostulación de Díaz. Querella por acceso indebido a sistemas informáticos fue declarada admisible, remitiéndose al Ministerio Público para investigación criminal.
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El Consejo Regional del Bío Bío, sancionó a Piero Blas por haber entregado a una exfuncionaria investigada en el Caso Convenios, la clave de ingreso al sistema informático del GORE de la región del Bío Bío.
Lo anterior, en la arista penal abierta por el gobernador Rodrigo Díaz y donde el Juzgado de Garantía admitió a trámite la querella contra el consejero.
En ese sentido, por la entrega que hizo Piero Blas a Tamara Vidal de la clave de ingreso al sistema Sagir del Gobierno Regional, la Comisión de Ética del CORE analizó la conducta del consejero regional.
Así lo confirmó el consejero PPD, Francisco Reyes, señalando que durante una sesión se determinó la sanción menor que contempla la norma interna del Consejo Regional, como es una amonestación, tras determinarse la responsabilidad de Blas en la irregular conducta.
Según el consejero sancionado, la medida disciplinaria fue orquestada por el propio Francisco Reyes, quien estaría detrás de la supuesta intención del gobernador Rodrigo Díaz de repostularse al cargo, en un cupo del PPD, pero además, con el objetivo de desviar la atención del escándalo por las transferencias de fondos a fundaciones.
Cabe mencionar que, en la arista penal, fue declarada admisible la querella presentada por el gobernador regional por el delito de acceso indebido a sistemas informáticos.
Por último, se remitió el escrito desde el Juzgado de Garantía al Ministerio Público para la investigación criminal.
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