Jorge Eduardo Escobar | Archivo 2021 | Agencia UNO
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La Defensoría Penal Pública apelará a la Corte Suprema buscando reprogramar el juicio del tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, argumentando que dos defensores están con licencia médica. La audiencia está programada para el 23 de julio, pero la Defensoría pretende postergarla debido a la situación de los abogados a cargo. A pesar del fallo en contra de la Corte de Apelaciones de Concepción, la Defensoría insiste en que el tiempo es insuficiente para preparar la defensa y se apoyará en un voto de minoría para apelar al tribunal superior.
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Contra el tiempo está luchando la Defensoría Penal Pública para evitar el inicio del juicio en el que la Fiscalía acusa a Jorge Eduardo Escobar Escobar por abandono de menor con resultado de muerte.
La primera audiencia está fijada para el 23 de julio, fecha confirmada por el Tribunal Oral de Cañete y ahora por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo que había interpuesto la DPP.
El argumento para pedir aplazar el procedimiento es que el defensor titular del imputado, llamado Pedro Aguilera, está con licencia médica desde hace tres meses y seguirá en esa situación al menos hasta agosto.
Por otro lado, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, está también convaleciente de una cirugía, por lo que permanecerá fuera hasta el 30 de julio.
En su sentencia de mayoría, el tribunal de alzada penquista desestimó los antecedentes y apuntó a que la Defensoría podría preparar a otros abogados antes del 23 de julio y que, además, hay uno que tiene conocimiento del caso, como el jefe de Estudios del organismo en Bío Bío, Cristian Sleman.
El propio Sleman confirmó la decisión de apelar a la Suprema, señalando que ejercerán todas las acciones legales necesarias para evitar la condena de una persona que asegura es inocente.
Aunque Sleman no lo señaló, en la apelación del amparo al máximo tribunal del país la Defensoría invocará el voto de minoría del abogado integrante Waldo Ortega, ex defensor penal público, quien estuvo por reprogramar el juicio, afirmando que el tiempo es insuficiente para preparar una defensa compleja donde el acusado arriesga 10 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.
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