Con firma mensual quedaron los cinco trabajadores eventuales querellados por incidentes generados en la paralización de Puerto Coronel, en la región del Bío Bío.

Uno fue formalizado por daños, tres por desórdenes públicos y otro por amenazas. A este último se le prohibió acercarse en un radio de 30 metros al gerente de la compañía.

Un revés tuvo Puerto Coronel en la audiencia de formalización de cargos para cinco trabajadores eventuales querellados por incidentes ocurridos durante las primeras semanas del conflicto en el terminal portuario.

Esto, ya que en los delitos formulados por el Ministerio Público, la compañía solicitó como cautelares, la prohibición de acercarse al recinto, arraigo nacional y firma mensual.

Lo anterior, por hechos registrados entre el 26 de marzo y mediados de abril, donde se reportaron daños en las oficinas de la firma, bloqueos de tránsito en los accesos norte y sur con la quema de neumáticos y otros elementos en forma de barricada, además de colocar un elemento que simulaba ser un ataúd con la foto del gerente Patricio Román.

No obstante, el magistrado del Tribunal de Garantía de Coronel, Jorge Henríquez, solo determinó la firma mensual para los imputados, a excepción de uno que quedó con la prohibición de acercarse al ejecutivo de la compañía.

Andrés Durán, uno de los abogados defensores de los portuarios no contratados, valoró lo que determinó el juez, calificando de “desproporcionadas” las medidas propuestas por la Fiscalía y el querellante.

Ante el cuestionamiento por la identificación de los ahora imputados, el querellante que representa a Puerto Coronel, Salvador Vial, defendió -en la audiencia- el contenido que posee la carpeta investigativa. Dentro de ella, los antecedentes entregados por el propio Patricio Román y el jefe de seguridad de la empresa.

El fiscal adjunto de Coronel, Cristián Vega, reconoció que existen diligencias pendientes. Por ello, la importancia de que se destine un plazo para el desarrollo de la indagatoria a fin de acreditar la participación de los acusados en los delitos imputados en el marco de este conflicto.

Para investigar se determinó un plazo de cuatro meses y los trabajadores con cargos comenzarán a firmar desde agosto próximo.