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El Juzgado de Garantía de Concepción determinó realizar de manera remota la audiencia de preparación del juicio oral de la red de trata de personas desbaratada en la región del Bío Bío, luego de recibir información de Gendarmería sobre un posible plan de rescate de los imputados. La medida busca evitar el traslado de los acusados desde la cárcel al Tribunal, considerando el riesgo de fuga. Se menciona la presunta vinculación de ciudadanos colombianos y venezolanos, algunos pertenecientes al Tren de Aragua, en esta red criminal. La audiencia se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio. La organización reclutaba mujeres en Colombia y Venezuela para obligarlas a prostituirse en Chile, bajo amenazas y coacción, y los acusados enfrentan penas de hasta presidio perpetuo.

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Tras informar Gendarmería un posible rescate que estarían planificando los imputados en la red de trata de personas desbaratada en Concepción, región del Bío Bío, el Juzgado de Garantía decidió que la audiencia de preparación del juicio oral se realizará de manera remota.

Lo anterior, para evitar el traslado de los acusados desde la cárcel al Tribunal.

La medida extraordinaria fue adopta recientemente por el presidente desde jugado magistrado Juan Pinochet.

Esto, tras recibir en de Gendarmería un informe sobre un eventual plan de rescate que podría echar a andar el grupo, conformado principalmente por ciudadanos colombianos y venezolanos.

Incluso algunos, presuntamente, serían miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, según la investigación del Ministerio Público.

Los antecedentes de de Gendarmería fueron leídos durante la audiencia por el abogado del organismo, Salomón Figueroa.

Entonces, invocando medidas de seguridad, es que el juez decidió la organización de la preparación del juicio de manera telemática.

Finalmente, fue agendada para el próximo 4 y 5 de julio.

Cabe recordar que este caso desbarató una red que reclutaba mujeres en Colombia y Venezuela, las que posteriormente eran ingresadas de manera clandestina a Chile.

¿El motivo? Obligarlas a ejercer la prostitución mediante amenazas, “multas” millonarias y amedrentamientos.

Son nueve los acusados, entre ellas una chilena, quienes arriesgan como pena hasta el presidio perpetuo.