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La Delegación Presidencial del Bío Bío, querellante en el caso de trata de personas en Concepción, reveló que las mujeres reclutadas por la red criminal no aceptaron la asistencia de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior. La investigación llevará a juicio a nueve acusados por delitos como trata de personas, tráfico de drogas y porte ilegal de armas, con el Ministerio Público pidiendo penas de 800 días a 25 años de cárcel, mientras la Delegación solicita presidio perpetuo para los cabecillas. Aunque algunas víctimas han regresado a su país, otras permanecen en Chile y se destaca el trabajo de la Fiscalía en este caso, apoyado por la Fundación Libera. A pesar de que algunas víctimas no estarán presentes en el juicio, se respaldará la acusación con testimonios de detectives de la PDI.

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La Delegación Presidencial del Bío Bío, querellante en la causa por trata de personas en Concepción, reveló que las mujeres reclutadas por la red criminal rehusaron la asistencia de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior.

Fue la delegada presidencial Daniela Dresdner quien se refirió a la investigación que llevará a juicio a nueve personas, acusadas por delitos que van desde la trata de personas para la explotación sexual, al tráfico de drogas y el porte ilegal de municiones y armas convencionales y prohibidas.

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Si bien, el Ministerio Público pide penas de entre 800 días y 25 años de cárcel, la Delegación está solicitando la máxima sanción, esto es el presidio perpetuo para los cuatro cabecillas de la organización criminal.

La petición se basa, según explicó Dresdner, en la reiteración de la trata de personas, pero además porque como querellantes suman el delito de asociación ilícita.

Víctimas no aceptaron ayuda

Consultada por la situación actual de las víctimas, la delegada presidencial informó que ninguna de ellas aceptó la atención del Centro de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que varias regresaron a su país, aunque otras siguen en Chile.

El caso ha sido seguido de cerca por la Fundación Libera en Santiago, cuya presidenta, Carolina Rudnick, destacó el éxito del trabajo de la Fiscalía, subrayando en la importancia que significa develar la existencia del delito de la trata de personas.

Señalar que si bien algunas de las víctimas no estarán en Chile para cuando se realice el juicio, el Ministerio Público no tendría contemplada su declaración, decidiendo respaldar la acusación con el testimonio de los detectives de la PDI que participaron en las pesquisas.