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La continuidad de Jacqueline Van Rysselberghe como psiquiatra del Servicio Médico Legal se ve amenazada tras la invalidación de su peritaje por el ministro Carlos Aldana en un caso de delitos de lesa humanidad. Familiares de víctimas y parlamentarios solicitan su salida el organismo forense. En contraste, el abogado Raúl Meza defiende su desempeño, argumentando motivaciones políticas en su cuestionamiento. El Servicio Médico Legal en Santiago designará otro perito para evaluar al condenado afectado. A pesar de rumores sobre la no renovación de su contrato, aún no hay comunicado oficial al respecto.
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Incierto es el futuro de Jacqueline Van Rysselberghe como psiquiatra del Servicio Médico Legal (SML), situación que se complicó aún más después que el ministro en visita, Carlos Aldana, invalidara el peritaje de la ex senadora y que declaró como enajenado mental a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Por lo anterior, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), respaldó la demanda de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, prácticamente exigiendo que el SML ponga fin al contrato con la psiquiatra.
“La psiquiatra y ex presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, no cuenta con la altura moral para atender casos de violaciones a derechos humanos (DDHH), pero además también teniendo en cuenta que ella no fue contratada para aquello“, aseveró.
“Y es por lo mismo que me pliego a la solicitud de todas las agrupaciones de derechos humanos, quienes han dicho con fuerza que ella debe dejar su cargo en el Servicio Médico Legal”, sostuvo.
En igual sentido se manifestó el senador Gastón Saavedra (PS), quien además de calificar como un error del organismo la contratación de Van Rysselberghe, estimó necesaria su salida de la repartición.
Hasta ahora la psiquiatra y ex presidenta de la UDI no se ha referido a la polémica o su continuidad en el Servicio Médico Legal.
Quien sí lo hizo fue el abogado defensor de investigados por violación de derechos humanos, Raúl Meza, quien calificó como impresentable que se le pidiera la renuncia a Jacqueline Van Rysselberghe sólo por razones políticas y no por una evaluación de su desempeño como psiquiatra forense.
Tras la resolución de la justicia, el Servicio Médico Legal en Santiago designará al perito que examinará nuevamente al condenado José Otárola, de manera de establecer su estado mental y la posibilidad de acceder al beneficio que le permita cumplir la pena de 15 años de cárcel en su domicilio.
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