La justicia declaró inválido el peritaje de Jacqueline van Rysselberghe, como psiquiatra del Servicio Médico Legal, a través del cual determinó la enajenación mental de un condenado por violación de derechos humanos.
La resolución fue dictada al acoger los argumentos sobre la parcialidad de la extimonel de la UDI y por eso ordenándose una nueva pericia.
El informe, tras declarar la incapacidad mental de un excarabinero, abría la puerta para que el condenado José Otárola cumpliera en su domicilio la condena por los homicidios de la Matanza de Laja San Rosendo.
El abogado querellante, Patricio Robles, fue el primero en notificarse de la resolución del ministro en visita, Carlos Aldana, explicando que el peritaje fue invalidado no sólo porque la psiquiatra no tenía competencia para las causas por violación de derechos humanos, sino también por el factor político.
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Entre los argumentos acogidos para invalidar el peritaje están declaraciones de Van Rysselberghe como dirigenta de la UDI, señalando estar a favor de la conmutación de las penas para condenados con enfermedades terminales, y de allí estimando que la psiquiatra debió inhabilitarse.
Los familiares de detenidos desaparecidos expresaron su satisfacción con el dictamen, según lo señalado por la coordinadora de la agrupación Juana Vidal, esperando que el perito que se designe para examinar al condenado sea imparcial.
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Consultado sobre la posibilidad que el nuevo peritaje confirme la enajenación mental del exuniformado, el abogado Robles dijo que si eso ocurriera no echaría por tierra los cuestionamientos a Van Rysselberghe por el ahora inválido estudio.
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La orden del ministro en visita es que el Servicio Médico Legal designe a la brevedad el nuevo psiquiatra, cuyo nombre deberá ser comunicado al tribunal previo al examen.