Este lunes reasumió sus funciones el ministro en visita Carlos Aldana, a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Lo hizo con la urgente labor de intervenir en la polémica que desató un peritaje médico solicitado por él y que el Servicio Médico Legal encargó a la expresidenta de la UDI, Jacqueline van Ryssselberghe, en su calidad de psiquiatra del organismo.

Según trascendió, este martes el magistrado entregaría la resolución que confirme o no la imparcialidad del informe que declaró la enajenación mental de Juan Otárola, quien cumple una condena de 15 años de cárcel por la Matanza de Laja San Rosendo.

Lo que esperan las agrupaciones de derechos humanos, dijo el dirigente Emilio Araneda, es que el peritaje sea desestimado por el juez y por ende se rechace el cumplimiento de la condena de Otárola en su domicilio.

El dictamen que entregue el ministro Aldana es esperado por Hans Laurie, abogado del condenado, quien confía en un pronunciamiento ajustado a la ley, alejado de las presiones políticas. En ese sentido, subrayó que hay otros exámenes que concluyeron también en la incapacidad mental del ex uniformado.

Consultada de nuevo la delegada presidencial, Daniela Dresdner, reiteró en la gravedad de que se haya permitido a la psiquiatra realizar un trabajo que no le correspondía, pero justificando su contratación a pesar de su color político.

Fuentes de Radio Bío Bío señalaron que, ante la delicada situación, el Servicio Médico Legal habría decidido no renovar el contrato de prestación de servicios de Jacqueline van Rysselberghe, el cual tendría como fecha de expiración el 30 de junio.