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Agrupaciones de derechos humanos solicitaron la salida de Jacqueline van Rysselberghe como psiquiatra del Servicio Médico Legal y la destitución del director regional Jaime Téllez en Concepción, región del Bío Bío. Familiares de víctimas de la dictadura expresaron su indignación tras el peritaje de van Rysselberghe, que declaró enajenación mental a un condenado por violación de derechos humanos. Rechazan la posibilidad de que el condenado, recluido en El Manzano, pueda cumplir su pena en casa debido a un presunto diagnóstico de Alzheimer. Las agrupaciones piden la nulidad del peritaje y la salida de los funcionarios implicados, manifestando su desconfianza y solicitando justicia en el caso Laja San Rosendo. Se espera que la Corte de Apelaciones resuelva la validez del peritaje la próxima semana.
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La salida de Jacqueline van Rysselberghe como psiquiatra del Servicio Médico legal, además de la destitución del director regional Jaime Téllez, pidieron agrupaciones de derechos humanos.
Por lo mismo, hasta la sede del Servicio Médico Legal en Concepción, región del Bío Bío, llegaron familiares de víctimas de la dictadura.
Esto, para manifestar su indignación con el peritaje evacuado por Jacqueline van Rysselberghe, como psiquiatra del organismo, declarando la enajenación mental de un condenado por violación de derechos humanos.
Había un encuentro programado con el director regional de la repartición, Jaime Téllez, el que finalmente no se realizó, ante la postura de los familiares de víctimas del caso Laja San Rosendo.
Ellos expresaron la desconfianza con alguien que, dijeron, les mintió luego de haber asegurado que la ex líder de la UDI no intervendría en causas de derechos humanos.
Así lo expresó Emilio Araneda.
Agrupación de familiares de DD.DD. piden desestimar peritaje
La coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Juana Vidal, explicó que lo que se pide al Ministerio de Justicia es la salida de Téllez y de Van Rysselberghe.
De igual manera, piden la nulidad del peritaje a José Otárola, condenado a 15 años de cárcel por los homicidios de Laja San Rosendo.
De acuerdo al informe psiquiátrico entregado por la ex senadora, el condenado de 82 años, actualmente recluido en El Manzano, padece Alzheimer, y eso le permitiría acceder a beneficios para cumplir la pena en su domicilio, lo que generaría la impunidad que las víctimas rechazan, dijo el abogado Patricio Robles.
Ya han llegado a la Corte de Apelaciones al menos dos solicitudes para desestimar el cuestionado peritaje, por lo que la próxima semana el ministro Carlos Aldana debería resolver si finalmente lo acoge o lo desecha.
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