Los familiares de detenidos desaparecidos acusaron al Servicio Médico Legal de mentir, tras conocer que, contrario a lo que se había asegurado, Jacqueline van Rysselberghe (JVR) está interviniendo en las causas de derechos humanos.
En la otra vereda, el hijo de un condenado en el caso Laja San Rosendo, se preguntó si sólo los peritajes del Partido Comunista son los que valen.
Gran revuelo está causando el peritaje evacuado por la exsenadora de la UDI, hoy reconvertida en psiquiatra del Servicio Médico Legal, a través del cual decretó la enajenación mental de un condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
El informe podría permitir a José Otárola, de 82 años de edad, salir del penal El Manzano y terminar de cumplir en su casa la pena de 15 años de cárcel, algo que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos rechaza categóricamente.
La coordinadora de las víctimas en Concepción, Juana Vidal, dijo que la noticia fue como una balde de agua fría, pues el director del Médico Legal en el Bío Bío, Jaime Téllez, les había asegurado que la expolítica fue contratada sólo para causas judiciales del 2018 en adelante y no las de derechos humanos, acusándolo por eso de mentiroso.
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El peritaje ya está siendo cuestionado ante los tribunales y en eso coincidió el abogado del caso Laja San Rosendo, Adolfo Montiel, al señalar que no es válido si la labor de la psiquiatra no incluye las causas de derechos humanos, pero descartando que se pueda objetar su trabajo debido a su inclinación política.
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Sobre la polémica, Rodrigo Saavedra, hijo de un condenado por los homicidios de trabajadores de EFE y la papelera de Laja, se preguntó si sólo los peritajes de un sector político son los válidos, criticando a los abogados querellantes.
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Desde el Servicio Médico Legal en Concepción se señaló que por ahora no habría un pronunciamiento, en un tema que está siendo analizado con el nivel central.