Polémica está generando un informe psiquiátrico realizado por Jacqueline van Rysselberghe, como perito del Servicio Médico Legal, sobre un condenado por la Matanza de Laja San Rosendo en 1973.

El cuestionamiento se origina en un documento en el que el instituto forense asegura que la exsenadora no fue contratada para intervenir en causas de Derechos Humanos.

Fue el ministro en visita, Carlos Aldana, en el marco de una solicitud de la defensa del condenado José Otárola Sanhueza, quien solicitó al Servicio Médico Legal un examen psiquiátrico sobre el estado mental del sargento en retiro de Carabineros.

Otárola, de 82 años, está cumpliendo en la cárcel El Manzano una pena de 15 años de cárcel por el homicidio de 19 trabajadores de EFE y la papelera de Laja, y lo que argumenta su defensa para pedir el cambio en el cumplimiento de la condena es una grave patología mental.

El abogado querellante, Patricio Robles, cuestionó el peritaje, no sólo por haber sido practicado por Jacqueline van Rysselberghe, sino también porque en una respuesta del Servicio Médico Legal, su directora nacional, Marisol Prado, aseguró que la psiquiatra no había sido contratada para las causas de Derechos Humanos.

Situación que plantearán al ministro Aldana, adelantó el abogado Robles, mientras que para el abogado defensor de Otárola, Hans Laurie, dijo que lo importante es la conclusión del informe, evacuado por una médico experta en psiquiatría forense, que trabaja para el servicio.

Consultada la psiquiatra, exsenadora y expresidenta de la UDI, prefirió no referirse a la polémica, quedando en manos del ministro Aldana decidir la validez del peritaje, que se suma a otros que también revelan problemas mentales del condenado José Otárola.