El conflicto del terminal portuario que más carga mueve en la región del Bío Bío, va para su octava semana, con un impacto económico difícil aún de calcular.
Sólo los pescadores Industriales del Biobío estiman un daño cercano a los 2 millones de dólares. Las empresas socias Landes, Blumar, Camanchaca, FoodCorp y PacificBlu, mantienen 85 contenedores inmovilizados de productos congelados como jurel, salmones y choritos.
A través de un comunicado, advirtieron que desconocen el estado en que se encuentra la carga varada y existe un riesgo inminente de perder toda la producción.
Por ello, hicieron un llamado al Gobierno a agilizar soluciones, ya que han debido asumir costos adicionales para realizar exportaciones desde la zona central del país. Esto, además de también una diferencia tarifaria por salir por otros puertos con navieras con las que no tienen contratos.
Está también el drama de las empresas contratistas, más de 30 que trabajan al interior del puerto y que dicen estar gravemente perjudicados al no poder ejercer el derecho que les consagra la Constitución.
En representación de mas de 350 familias, entregaron una carta en la Delegación Presidencial Regional (DPR) del Bío Bío, porque aseguran que no han tenido respuesta de la autoridad y que ven nula preocupación de la situación que viven.
La vocera de los contratistas, María Angélica Cifuentes, indicó que han sido testigos del bloqueo permanente que realizan los trabajadores eventuales, quienes les impiden ingresar y poder recuperar sus instrumentos, así como herramientas que quedaron el 26 de marzo y con las que podrían intentar trabajar en otro lugar.
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Temen por su integridad física, por lo que le pidieron a la delegada presidencial, Daniel Dresdner, que intervenga en un problema que catalogaron como público y de interés estatal.
Minutos después de que los contratistas llegaran hasta las dependencias de la entidad gubernamental, lo hicieron dirigentes de los tres sindicatos de trabajadores portuarios eventuales movilizados.
Estos estaba llamados a reunirse con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, mandatado por el Gobierno para actuar como mediador en el conflicto que afecta a Puerto Coronel.
El presidente del sindicato 1, Guillermo Jaque, sostuvo antes de ingresar que quieren volver a trabajar, que están dispuestos a negociar y que han cedido en muchos aspectos.
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El encuentro del ministro Muñoz con el gerente de Puerto Coronel, Patricio Román, tuvo una duración de dos horas, y no hay estimación para la reunión que actualmente se desarrolla con los trabajadores eventuales, con la idea de destrabar los puntos en que, pese a los acercamientos, en siete semanas no se ha podido llegar a un acuerdo.