Un recurso de protección en contra de Puerto Coronel, los dirigentes de trabajadores eventuales y la Delegación Presidencial del Bío Bío ingresaron once sociedades argentinas patrocinadas por un abogado chileno ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Lo anterior, ante el conflicto que superó los 50 días entre el terminal portuario y los sindicatos, y que mantiene cerrado a Puerto Coronel impidiendo el normal desarrollo de las exportaciones argentinas.
Se trata de 11 sociedades trasandinas con sede en diferentes provincias de ese país que trabajaban con la venta de fruta fresca que se exporta desde el citado país, pasando por Chile, pero que tienen como destino final México, Canadá, Estados Unidos, Perú y Corea.
Las sociedades aludidas, según la acción legal, despacharon para exportación un total de 77 contenedores refrigerados con peras y manzanas, con destino a los países antes mencionados y que “fueron efectivamente recibidos en el puerto de Coronel en el mes de marzo de 2024”.
El recurso de protección busca restablecer el derecho y acusa “acciones y omisiones arbitrarias e ilegales por parte de los recurridos”, vale decir desde el Puerto Coronel, los trabajadores eventuales y la Delegación Presidencial del Bío Bío.
Esto, según indica el recurso, ya que “no se han embarcado los 77 contenedores refrigerados a sus respectivos destinos, en circunstancias que la fruta que se contiene en cada uno de ellos debería haber sido ya comercializada en sus respectivos destinos, pero permanece aún en el puerto de Coronel, expuesta a su deterioro”.
La acción legal presentada por estas 11 sociedades trasandinas apunta a que los trabajadores portuarios “habrían ejercido acciones ilegales de autotutela consistentes en actos de fuerza, bloqueo de accesos al puerto, quema de neumáticos” y otras acciones. Incluso se hace mención de querellas presentadas por la compañía en contra de líderes sindicales.
En lo que respecta al Puerto de Coronel, según el recurso de protección, “más allá de los comunicados que ha emitido a los clientes, lo cierto es que la recurrida ha incurrido en omisiones ilegales y arbitrarias porque no ha adoptado medidas eficaces y efectivas destinadas a normalizar las faenas portuarias”.
Mientras que en el caso de la Delegación Presidencial para el Bío Bío, las sociedades argentinas indican que el Ejecutivo “no ha adoptado medidas destinadas a restablecer y garantizar el orden público y el resguardo de los bienes de terceros que se encuentran en el puerto en espera de embarque, ni ha ordenado el uso o auxilio de la fuerza pública a fin de poner fin al paro o bloqueo ilegal de acceso al puerto”.
Lo anterior perturba derechos como el “desarrollar una actividad económica” y “la privación del derecho de propiedad”, según los empresarios frutícolas que presentaron dicha acción legal.
Por ello, piden que se normalice la exportación de la fruta comercializada o que -en caso contrario- permitan retirar los contenedores para ser destinados a otros puertos de la zona.
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