VER RESUMEN

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, descarta por ahora invocar la Ley de Seguridad del Estado ante el bloqueo de accesos al Puerto de Coronel que impide su funcionamiento. Tras un mes y medio de movilizaciones, que afectan la salida de productos forestales y frutícolas, el abogado constitucionalista Fernando Saenger señala que estas acciones van en contra de la Ley. Sin embargo, Dresdner argumenta que Puerto Coronel no es una actividad esencial al tratarse de exportaciones privadas, descartando su aplicación.

Desarrollado por BioBioChile

La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, desechó por ahora la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado, a raíz del bloqueo de los accesos al Puerto de Coronel y que están impidiendo el funcionamiento del terminal.

Según el abogado constitucionalista, Fernando Saenger, lo que ha ocurrido es justamente lo que sanciona ese cuerpo legal.

Un mes y medio cumplieron las movilizaciones que han paralizado la empresa Puerto Coronel, situación que está impidiendo la salida de productos forestales y frutícolas, principalmente.

Para el abogado Fernando Saenger, impedir el acceso a lugares públicos o de utilidad pública, así como de actividad industrial, es lo que sanciona la Ley de Seguridad Interior del Estado, que según él es lo que está ocurriendo en el caso del terminal portuario coronelino.

Consultada, la delegada presidencial Daniela Dresdner descartó, sin embargo, que esa sea la realidad local, descartando que Puerto Coronel sea una actividad esencial, ya que lo que sale por el terminal son exportaciones privadas, y por eso no puede aplicarse la Ley 12.927.

La opinión del abogado constitucionalista es que la autoridad está totalmente equivocada, subrayando que incluso se atentó contra el tendido ferroviario, también sancionado por la Ley de Seguridad del Estado.

Si bien no descartó que se pueda hacer un nuevo análisis de la situación, actualmente el Gobierno está enfrentando el paro y las protestas como un problema de orden público.