La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, anunció la presentación de una querella por alteración al orden público y daños a la vía férrea durante el conflicto entre Puerto Coronel y trabajadores eventuales que lleva más de 40 días.
Esto se suma a la acción legal presentada por la empresa por desórdenes y el presunto uso malicioso de licencias médicas por parte de los estibadores movilizados.
Consultada por el tema, la representante del Ejecutivo en la zona, Daniela Dresdner, si bien dijo que como Gobierno han mediado entre las partes, la solución del conflicto depende de las acciones que la empresa y los sindicatos deben desarrollar.
Querella del gobierno por daños en línea férrea
Otro punto relevante, dijo, tiene que ver con velar por el orden público y el libre tránsito. Y dado los daños en la vía férrea que impiden el paso de trenes entre las provincias de Concepción y Arauco, es que se presentará una querella en esa línea.
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Desde la Cámara para la Producción y el Comercio en Bío Bío, su presidente, Álvaro Ananías, emplazó a las autoridades a resguardar el Estado de Derecho en la región.
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Una de las voceras de la Unión Portuaria de Coronel, Yoselín Garretón, desmintió la acusación del gerente general de la compañía, Patricio Román, quien dijo recibir amenazas sobre la quema de los buses que transportaban a ejecutivos y trabajadores que intentaron sin éxito ingresar a Puerto Coronel.
Por otro lado, aseveró que como sindicatos han cedido en sus demandas, lo cual generaría un perjuicio de 800 trabajadores sin empleo.
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El gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, junto con pedir la intervención del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que la crisis derivada del conflicto afecta de manera “grave” a la pequeña empresa que no tiene la capacidad de exportar sus productos a puertos ubicados fuera de la región.
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Empresa suma nueva querella por licencias médicas
Desde la empresa, en el marco de esta pugna, presentaron una nueva querella, ahora, por daños y el presunto uso malicioso de licencias médicas por parte de los estibadores movilizados.
Esto, ya que según la empresa, en el 94% de los casos donde trabajadores portuarios eventuales de Coronel accedieron a consultas médicas, estos recurrieron a médicos domiciliados en otras localidades fuera de la región vía remota.
Por lo anterior, según la querella, constituye una “proliferación exorbitante y anormal de licencias médicas de manera coetánea al inicio del bloqueo portuario”: