Tres condenados como miembros de una red criminal de robo de madera en la provincia de Arauco deberán cumplir de manera efectiva la pena de cárcel dictada por la justicia.

La Corte Suprema rechazó los amparos presentados, denunciando como ilegal que la Corte de Apelaciones revocara la libertad vigilada concedida por el Juzgado de Cañete.

A principios de año Walter Araneda, Ricardo Escobar y Guillermo Mesa recibieron una condena de 5 años de libertad vigilada, luego de un acuerdo con la Fiscalía, que ofreció a los imputados un procedimiento abreviado a cambio de la colaboración con la investigación, evitando además el Ministerio Público un juicio oral.

El fallo con la sanción por los delitos de hurto de madera, lavado de activos y fraude tributario fue apelado por la Forestal Arauco, como querellante, recurso acogido por la Corte de Concepción, al decretar el cumplimiento efectivo de las penas en la cárcel.

Contra esa resolución las defensas de los condenados presentaron recursos de amparo desechados por la Corte Suprema, y por lo tanto manteniéndose la sentencia del tribunal de alzada, evaluando en el caso de la abogada defensora, Ángela Contreras, un último recurso de reconsideración.

En igual sentido se manifestó otro de los defensores privados, César Ramírez, pero asegurando que en caso de mantenerse los 5 años de cárcel su cliente, Ricardo Escobar, no evitará la acción de la justicia.

Quien ha seguido de cerca estas indagatorias es la diputada del distrito, Joanna Pérez, quien presidió la Comisión de Crimen Organizado, subrayando que la colaboración tiene aspectos positivos, pero sin desconocer fallas en la que puede caer el Ministerio Público.

Finalmente, será el Juzgado de Garantía de Cañete el que deba hacer cumplir la resolución de la Suprema, a través -por ejemplo- de una eventual orden de detención.