A la Corte Suprema llegará el caso de un funcionario de Enap, cuyo despido fue declarado ilegal, ordenando la justicia el pago de una indemnización de 200 millones de pesos.
El propio afectado es quien decidió apelar el fallo a su favor, para que la reparación económica sea anulada y se determine a cambio la reincorporación a la empresa.
Fue el año pasado cuando Jorge Araya fue desvinculado, tras la paralización de la planta de Enap. La razón informada fue la necesidad de la empresa, debido a la eliminación del cargo.
El afectado descartó que ese fuera el real argumento, denunciado que el verdadero motivo fue el malestar de la estatal con diversas denuncias realizadas como miembro del Comité Paritario de la empresa.
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Por eso es que presentó una demanda laboral, acción legal acogida por el Juzgado del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Concepción, acreditando la ilegalidad del despido y ordenando una reparación de 200 millones de pesos.
Esa sentencia, sin embargo, será apelada a la Corte Suprema, informó el abogado Remberto Valdés, pidiendo que se decrete la reincorporación de su cliente, incluso si eso significa renunciar a la indemnización decretada.
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Para el sindicato de trabajadores Enap-Petrox es importante el pronunciamiento del máximo tribunal, ya que según el dirigente Iván Montes confirmaría la persecución contra funcionarios que sólo han evidenciado irregularidades y las malas decisiones al interior de la empresa.
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En caso de obtener lo que se pide a la Corte Suprema, Jorge Araya y su abogado aseguraron que ya tienen decidido acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.