El gobernador regional, Rodrigo Díaz, envió una carta abierta al Gobierno, planteando la urgencia de la salvaguardia al acero de Huachipato para proteger la Clase Media del Bío Bío.
A través de una misiva enviada al ministro de Economía, Nicolás Grau, la máxima autoridad regional hizo hincapié en la crisis por el futuro de la región y la protección de la clase media, que se ve amenazada por la tardanza en la disposición de salvaguardias para proteger la producción de acero de Huachipato. Esto, frente a la “competencia desleal de la que es víctima”.
En ese contexto, el gobernador del Bío Bío afirma que la región tiene en su ADN una marcada identidad industrial y que la demora en tomar medidas concretas para proteger a Huachipato, con un porcentaje de salvaguardia del 25%, constituye una seria amenaza para los 22.000 empleos vinculados a esta actividad económica.
“Sabemos que hay competencia desleal. Hace varias semanas ya que sesionó la comisión antidistorsión y nuestros trabajadores siguen esperando”, criticó.
Por ello, sostuvo que hay “22.000 hogares que están con angustia porque no hay certeza de si van a poder seguir trabajando”.
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La recomendación que hizo al Gobierno la Comisión Antidistorsiones de Precios no se conocería antes del fin de semana.
Esa es la última información que tuvieron los dirigentes sindicales de Huachipato, indicó Fernando Orellana, presidente del sindicato 2 de trabajadores.
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Por su parte, la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, volvió a señalar que el Gobierno intenta dar celeridad a la medida de salvaguardia solicitada por la empresa.
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Según lo señalado por el gobernador Diaz en su carta abierta al ministro de Economía, la situación de Huachipato, sumada a los más de 25.000 empleos que se perdieron en la construcción regional durante 2023, implican un golpe demasiado duro para los hogares del Bío Bío.
Por si esto fuera poco, plantea que existirían otras iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno que podrían agravar la situación del empleo regional, como el proyecto de Ley de Pesca y el desamparo del sector forestal con la pretendida Ley de Incendios, un sector que representa 100.000 empleos en la región.