El concejal socialista Eduardo Araya, imputado en la investigación por hechos de corrupción en el Puerto de Coronel, reconoció haber trabajado en la empresa y haber emitido facturas mensuales. Sin embargo, descartó haber incurrido en ilícitos.
Fue a través de un escrito que el edil admitió ser funcionario de la compañía por siete años, hasta noviembre de 2023, mismo mes en que el Puerto Coronel realizó la denuncia ante fiscalía.
“No cometí delito alguno, porque desde agosto de 2016 hasta noviembre de 2023, trabajé para el Puerto de Coronel, donde emití las facturas mes a mes, las que se pagaron mediante transferencia a la cuenta corriente y se pagaron los impuestos que correspondían”, detalló.
A reglón seguido, explicó que asumió el cargo de concejal de Coronel el 28 de junio de 2021 y que pudo seguir trabajando para el Puerto, “porque la Ley así lo permite”.
“A mayor precisión, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) permite a cualquier concejal de Chile, trabajar en todo tipo empresa privada, ya sea industria forestal, pesquera, portuaria y otras, ya que un concejal no es funcionario público”, argumentó.
Y continuó: “También permite a los concejales trabajar en el sector público, con las inhabilidades claramente establecidas en la legislación vigente”.
Con todo, zanjó: “No entiendo como el nuevo gerente de la Compañía Portuaria y sus abogados, pueden determinar la existencia de un supuesto delito”.
A través del comunicado manifestó estar a disposición de la justicia para que “esta situación incómoda y que da pasos a especulaciones, y especialmente aseveraciones políticas mal intencionadas” se aclare lo más pronto posible.
Investigación por corrupción en Puerto de Coronel
Todo empezó por una denuncia presentada por el actual gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, quien aseguró que ex altos funcionarios de la empresa propiciaron y efectuaron pagos de sobornos a personeros políticos y dirigentes de los sindicatos de trabajadores.
Quienes también figuran como imputados en la indagatoria son el alcalde de Coronel (PS), Boris Chamorro, y el empresario Hernán Romero, hermano del diputado de derecha, Leonidas Romero, a cargo de una pyme llamada Delsava. Se suma otra organización de Víctor Olivares.
En concreto, a los políticos se les acusa de haber recibido dinero en forma de coimas.
Son tres aristaslas que investiga la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo. A saber: La primera, relacionada con los sobornos. La segunda, dirigida a establecer la intervención de pymes proveedoras del puerto, las que habrían facilitado facturas ideológicamente falsas que justificaban en la contabilidad empresarial la salida de dineros para coimas, pero también de recursos que habrían ido a los bolsillos de exejecutivos. Y la tercera, que involucra a esos exaltos cargos gerenciales y directivos de Puerto Coronel, que habrían ordenado, ejecutado y conocido el modus operandi para el pago irregular de platas.
Reacciones por imputados del PS en posible caso de corrupción
Pares de partido del concejal Araya y del alcalde Chamorro se refirieron a los hechos denunciados, con sorpresa.
El concejal Socialista, Ariel Durán, señaló que nunca antes el municipio ha estado involucrado en casos que denuncia la persecutora.
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Mientras que su par comunista, Valeska Carrillo, indicó que nadie está sobre la ley en delitos que denominó “de cuello y corbata”.
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La concejala independiente, pero de izquierda, Paola Bustos, manifestó estar “desconcertada” con los allanamientos realizados por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Estos incluyeron el domicilio del propio alcalde y dos reparticiones del municipio local.
“La justicia tendrá que hacer su tarea”, afirmó.
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Por ello, la única edil de derecha, Carmen Madigaoitía, exigió que las indagatorias lleguen hasta las últimas consecuencias.
“Hay muchas cosas que hemos denunciado y están todos callados”, acusó.
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En tanto, desde la Unión Portuaria de Coronel indicaron que bajo ningún concepto han recibido “coimas o beneficios ilegales”, denunciando prácticas antisindicales desde la llegada de su actual gerente, Patricio Román.