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La indemnización ordenada por la justicia asciende a los 200 millones de pesos.
La primera sentencia que acredita la falta de servicio del Estado respecto de víctimas de la violencia rural en la provincia de Arauco dictó la justicia, ordenando el pago de 200 millones de pesos como indemnización.
Lo que señala el fallo es que a pesar de las medidas implementadas, los órganos de seguridad pública no han sabido dar solución al conflicto en la Macrozona Sur.
La resolución acogió la demanda presentada el año pasado por la familia Rivas Lacoste, quien desde el año 2014 ha sufrido la toma de gran parte de sus tierras en la comuna de Contulmo, además del ser blanco de atentados incendiarios y amenazas.
El juez del Segundo Juzgado Civil de Concepción, Adolfo Depolo, constató la falta de servicio del Estado al concluir que si bien se ha implementado planes y medidas para combatir la violencia rural, los órganos estatales no han sabido dar solución del conflicto y en consecuencia la seguridad de los habitantes de la Macrozona Sur sigue viéndose perturbada.
Por eso la reparación de 200 millones de pesos que el Fisco deberá entregar a los demandantes, pero subrayando el abogado de la familia Rivas Lacoste, Ricardo Yáñez, que se reconociera por primera vez la responsabilidad del Estado en la situación que afecta a la provincia de Arauco.
Desde la Agrupación del Víctimas, su vocero Fernando Fuentealba, destacó la sentencia, porque confirma lo que como afectados han denunciado desde hace años.
En igual sentido se manifestó la diputada de la UDI, Flor Weisse, pero desligando en la Delegación Presidencial parte de la culpa por la falta de servicio.
Sobre la posibilidad de que el fallo siente un precedente, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, cree que efectivamente esta será la primera de muchas sentencias similares.
El pronunciamiento sólo se hace cargo del daño moral causado, pero no de la toma del terreno y las amenazas que aún persisten contra la familia Rivas Lacoste, y de ahí la deuda en ese aspecto, dijo su abogado.
