Corfo inició el proceso de rendición de cuentas respecto al millonario monto transferido a Procultura para la concesión del Circuito Lota Patrimonial.

Y es que, de los $480 millones de pesos que Corfo destinó a Procultura, como única suma, para la concesión del Circuito Lota, 220 cuentan con rendición aprobada.

Sin embargo, los otros 260 millones de pesos aún no se rinden, debido a que el proceso estaba contemplado para enero del próximo año.

Se trata de una medida que, forzadamente, se tuvo que adelantar, debido al término de las actividades lideradas de Procultura.

Por lo anterior, ya se dio término, con fecha 20 de noviembre, “a la relación contractual (entre las partes) en un plazo de 11 días corridos (…). De ahí, la necesidad de que ese monto pendiente pueda ser rendido en tiempo y forma”, indicó la diputada de Demócratas, Joanna Pérez.

La diputada del PC, María Candelaria Acevedo, ofició a Corfo para que se entreguen certezas, en materia laboral, para los 63 trabajadores que desarrollan funciones en el Parque Isidora Cousiño, el Museo Minero y la Mina Chiflón del Diablo.

Recordemos que el Gobierno Regional finalizó el programa denominado “Competitividad de la oferta turística y creativa; puesta en valor de la identidad cultural del Biobío” por un monto de $2.533 millones, iniciándose el cobro correspondiente a las boletas de garantía.

En ese sentido, su par la Unión Demócrata Independiente, Flor Weisse, espera que la salida de Procultura “no sea un borrón y cuenta nueva”.

En tanto, en la arista campamentos, donde también estaba involucrado Procultura, el Minvu puso término, “de común acuerdo” al contrato vigente “cuyo objetivo era realizar un Diagnóstico Socio-Territorial de seis campamentos en las comunas de Coronel y Talcahuano, el que se ejecutó en dos de las tres etapas comprometidas”, indicó la seremi del ramo, Claudia Toledo, por medio de un comunicado.

En él se agrega que “para asegurar el debido resguardo de los intereses públicos, previo al cierre del convenio se hará una revisión técnica y financiera de los trabajos ya realizados y finalizados, con el propósito de verificar el correcto cumplimiento y asegurar la restitución de los recursos si así correspondiera”, agregando que “el monto correspondiente a la fase que no se completó no fue transferido”.