Una nueva condena, esta vez contra un funcionario de Carabineros de Tomé, región del Bío Bío, fue dictada por la justicia respecto de una indagatoria por violación de derechos humanos durante el estallido social.
La resolución es un logro para el INDH, a pesar de ser una de las pocas obtenidas dentro de las 270 querellas presentadas por el organismo.
Se trata del caso de un menor, quien el 21 de octubre de 2019 tenía 17 años de edad, y que si bien no participaba de una manifestación realizada ese día en Tomé, fue detenido primero por personal de la PDI, que lo entregó después a una patrulla de la Primera Comisaría de Carabineros.
Fue en ese contexto que sufrió lesiones graves, con la pérdida incluso de piezas dentales, esto por el golpe de bastón recibido, según la investigación de la Fiscalía, de parte del carabinero Felipe Molina Veloso, quien en un procedimiento abreviado fue declarado culpable por apremios ilegítimos.
Para la jefa del Instituto de Derechos Humanos en el Bío Bío, Carolina Chang, se trata de un veredicto que hace justicia para una víctima que quedó con graves secuelas.
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La pena solicitada por el Ministerio Público y el INDH como querellante es de 5 años de libertad vigilada, esperándose para los próximos días la sentencia del Juzgado de Garantía de Tomé.
Este resultado es uno de los pocos obtenidos en el marco de las casi 300 causas abiertas en el marco de la revuelta social de 2019.
Ante ello, la jefa del organismo hizo foco en el bajo número de fallos condenatorios conseguidos por violación de derechos por parte de agentes del Estado.
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De esas causas pendientes, dos son de San Pedro de la Paz, donde personal de la Armada y de Carabineros enfrentan cargos por apremios ilegítimos y torturas, respectivamente.