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En medio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en la región del Bío Bío por el caso del convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Bío Bío y la Fundación En Ti, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de los representantes de la organización "arrendada" y dos funcionarios públicos por el delito de fraude al fisco.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal en contra de Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, de la Fundación En Ti; además de dos funcionarios del Gobierno Regional del Bío Bío, Simón Acuña y Tamara Vidal, en calidad de autores del delito de fraude al fisco en el marco de la investigación por el convenio suscrito entre ambas partes.
La acción judicial también apunta a todos quienes resulten culpables como autores, cómplices o encubridores en la comisión del delito señalado o de cualquier otro que resulte acreditado durante el curso de la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
La querella presentada por el llamado caso Convenios denuncia un fraude al Fisco para el que se habrían coludido funcionarios del Gobierno Regional con particulares, sindicando la empleada Tamara Vidal, al jefe de la División de Desarrollo Social, Simón Acuña, y a los responsables de la Fundación En Ti, Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy.
De acuerdo a lo señalado por el organismo, en la acción legal hay evidencia de maniobras realizadas de manera concertada por los imputados para defraudar el patrimonio del GORE, a través de la obtención de recursos para el desarrollo del programa “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte”, ejecutado por la Fundación En Ti.
El dolo se habría acreditado al establecer el Consejo de Defensa del Estado, que tanto los empleados fiscales como los particulares sabían que la fundación no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al Fisco no inferior a 66 millones de pesos.
Rol de los funcionarios públicos en la presunta defraudación
Sobre el rol de Simón Acuña, a quien en su momento el gobernador Rodrigo Díaz solicitó la renuncia, se señala que durante la postulación -y según consta en los antecedentes revisados por el Consejo-, el proyecto contó con un Formulario de Pertinencia y Priorización de Iniciativa de Inversión, suscrito por el jefe de Desarrollo Social, en el que se indica que la iniciativa “es pertinente con los objetivos de la unidad informante” y se solicita que se le dé prioridad en la revisión, calificándola como “urgente”.
En dicho formulario, además, Acuña se autodesignó como contraparte técnica para el seguimiento de la iniciativa, sugiriendo personalmente a Polizzi que debía conseguir una OTEC para su desarrollo, lo que de acuerdo a lo señalado en la querella del Consejo, “permite presumir que tenía el cabal conocimiento que la Fundación postulada no cumplía con las exigencias…, esto es, que tuviera competencias en el área de la “capacitación”, pero igualmente estimó pertinente la postulación de la Fundación y le dio urgencia a la iniciativa para su aprobación”.
Si bien el convenio también estableció, entre otras cosas, que “para efectos de control y seguimiento de la ejecución del programa, se constituirá una Contraparte Técnica en el GORE del Bío Bío, quien tendrá por objeto velar por el correcto avance efectivo de las actividades del Programa”, cuya labor recayó en la funcionaria Tamara Vidal, de acuerdo a la querella del CDE, la funcionaria “no realizó la fiscalización que estaba llamada a cumplir para evitar la defraudación de los recursos fiscales, aun cuando estas irregularidades eran evidentes, y podía determinarse de la simple lectura de las rendiciones, que las actividades de capacitación no se estaban ejecutando”.
