Gran contingente policial para desalojar toma en departamentos de Mirador del Pacífico en Talcahuano

Un gran contingente policial está apostado en el complejo Mirador del Pacífico en Talcahuano, en la región del Bío Bío, para concretar el desalojo de las familias que se tomaron departamentos del sector.

Se trata de las viviendas del Lote 7, los que recordemos deben ser demolidos tras presentar problemas estructurales en su construcción.

Por ello es que el Serviu del Bío Bío solicitó hace varios meses el desalojo de las familias.

Radio Bío Bío constató en terreno la presencia de un abundante contingente policial, con aproximadamente 60 efectivos de Carabineros, en su mayoría de Control de Orden Público (COP), además de carros lanzagua y una grúa.

Ante el inminente desalojo, las familias emplazadas en el lugar comenzaron desde temprano a retirar sus enseres. Al mismo tiempo, algunos carabineros están realizando un catastro de las personas que están en los departamentos.

Vania Paredes, dirigente de las familias, indicó a La Radio que no han recibido una información oficial respecto del desalojo y afirmó estar sorprendida por el gran contingente de Carabineros.

“Estamos sacando nuestras cosas pacíficamente porque supuestamente hay un albergue donde se pueden dejar las cosas y aquí hay hartas familias, mamás solteras que no tienen a donde irse”, añadió.

La mujer aseveró que Serviu los autorizó a sacar todo de los departamentos, incluidos los ventanales porque “esto lo van a demoler”.

La representante de las familias participantes de la toma dijo que esperan que “una solución habitacional definitiva”, agregando que algunas de las personas que residían irregularmente en el lugar son de otras regiones.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Vivienda, en el Lote 7 había aproximadamente 35 familias, equivalente a 143 personas.

Tras el desalojo ingresará al lugar una maquinaria para realizar un proceso para inhabilitar los departamentos.

Historia del Lote 7

El Lote 7, del sector Mirador del Pacífico, está constituido por 4 bloques de 4 pisos cada uno, con 64 departamentos. Este conjunto se construyó para recibir las personas damnificadas por el terremoto 2010.

No obstante, en 2013 comenzaron a detectarse problemas en las construcciones, por lo que durante años se hicieron reparaciones para superar problemas de filtraciones, humedad y habitabilidad en los otros 12 lotes.

Un año más tarde se hizo un estudio que determinó que el talud es inestable y que existe riesgo de desplazamiento de suelo en masa (derrumbes) ante algún movimiento telúrico, pero no es lo único, en 2015 se estableció que los edificios están emplazados sobre un relleno y un estudio técnico arrojó fallas de desempeño hídrico y de condensación.

El 2016, otro estudio estableció que parte de los edificios están apoyados en suelo natural y también en rellenos compactados de baja densidad, destacándose el Lote 7 con mayor cantidad de edificios afectados.

En 2017 abandonan el lugar las 64 familias asignadas originalmente en el Lote 7, los que recibieron un subsidio para comprar una vivienda. A contar de ese momento se da inicio a la ocupación ilegal.

Serviu en 2019 determinó técnicamente la demolición, trabajo que se retomó en la actual administración, que dispuso de albergues, camiones de mudanzas y bodegas, para que las familias guardaran sus enseres.