Un amplio operativo desplegó la PDI en la provincia de Arauco, para allanar al menos once inmuebles. En la diligencia lograron la detención de 11 personas, entre ellos, dos carabineros -uno activo y otro en retiro- acusados de tener nexos con la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), además de un sospechoso de integrar la misma orgánica radical.

Se trata de un sujeto, de iniciales V.I.M.M., que integra un grupo familiar investigado no sólo por sus vínculos con el oscuro negocio ilegal del robo de madera; también por participar de forma activa de la organización que se ha adjudicado decenas de ataques incendiarios en la zona, de acuerdo con las indagatorias.

Según fuentes de BioBioChile, si bien el imputado y su familia son oriundos del sector, recién a fines de 2018 retornaron a la zona desde Santiago. Se radicaron en el conosur de la provincia de Arauco, donde comenzaron a vincularse con organizaciones criminales dedicadas al hurto de madera por medio de vecinos que integran estas bandas.

Vínculos con orgánicas radicales

Así, rápidamente comenzaron a hacer amistad con integrantes de grupos radicales, como la RML, también ligada al robo de madera. Por lo mismo, el operativo que montó la PDI buscaba capturar a miembros pertenecientes a la organización. En la diligencia lograron la detención de V.I.M.M., vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche, además de otras diez personas, incluidos los dos funcionarios de Carabineros, uno activo y otro en retiro.

Al respecto, la organización radical descartó que alguno de los apresados sean parte de la estructura, incluidos los dos “pacos detenidos”, calificando el operativo como “un tongo” que busca hacer “creer a la opinión pública de un supuesto golpe a nuestra militancia (…), mostrándonos como una banda de criminales al servicio de mafias forestales”.

Pero además, tras el operativo, fuentes de BioBioChile advirtieron que la familia del hombre sindicado como “sujeto de interés” en la investigación por robo de madera, recibió beneficios del Estado y que incluso sostuvieron reuniones con altos funcionarios de la Delegación Provincial de Arauco.

Reunión en la DPP de Arauco

En noviembre de 2022, el Encargado de Asuntos Indígenas de la Delegación Provincial de Arauco, se reunió con L.E.M.C. -tía de V.I.M.M.- y S.S., en el terreno de Javier Ramírez, alias “el Coipo”. El predio donde se concretó el encuentro es el mismo donde una semana antes se captaron imágenes de “sujetos de picnic“, posterior a un atentado incendiario.

Los movimientos de la “familia de interés” seguía siendo monitoreado de cerca. Así las cosas, en julio de 2023, esta misma familia pidió a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco (DPP) interceder para liberar un camión incautado por robo de madera tras diligencias en el fundo El Chacay, en Cayucupil, de propiedad de forestal Arauco.

Posterior a la publicación de esta nota, el delegado Humberto Toro indicó que “que pese a que la documentación que tenían podría acreditar de que en algún determinado pudieron haber sido dueños del predio, lo concreto es que no lo eran y el dueño es forestal Arauco y, por tanto, yo no hice ningún trámite al respecto, ni rescatarle el camión ni nada; sino que les dije que cualquier cosa la tienen que hacer en función de procesos judiciales“.

“Yo comprometí escucharlos”

Este hecho fue confirmado a este medio por el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, quien detalló, eso sí, que la reunión se realizó a raíz de una toma de carretera en el sector de La Granja, en Cañete, por parte de grupos que pretendían presionar al Gobierno para que interviniera tras las diligencias en el citado fundo.

La reunión se concretó en dependencias de la Municipalidad de Cañete y contó con la presencia del Delegado Presidencial de Arauco, dirigentes de programas Pro Empleo, entre quienes estaba C.P.M.C. -madre del detenido- y L.E.M.C. -tía del detenido-.

“Yo comprometí a escucharlos para saber exactamente sus argumentaciones. Eso ocurrió un día en la tarde. Llegaron dos grupos, unos miembros de una comunidad, una empresa contratista que supuestamente contaba con los permisos para sacar la madera de ese lugar”, relató Toro.

El delegado Toro indicó que ambos grupos mostraron documentos que supuestamente acreditaban la propiedad del fundo, pero resultaron ser falsos. Explicó que el predio había sido vendido varias veces y la última compra la tenía forestal Arauco, lo que fue ratificado por la Corte Suprema.

“Terminó la reunión sin acuerdo. Nosotros les dijimos que no podíamos intervenir, dado que hay un documento oficial de los tribunales que acredita la propiedad. Se terminó la reunión, pero se quedó un grupo. El grupo, que presuntamente había sido contratado”, agregó Toro.

En ese sentido, la autoridad señaló que este grupo le planteó que tenía un problema, porque habían pagado cerca de 30 millones de pesos a la comunidad por extraer la madera y que ahora estaban perdiendo ese dinero, sus camiones y maquinaria.

“Nosotros les dijimos que tenía que seguir el procedimiento judicial. Eso es lo que ocurrió desde el punto de vista de los hechos de esa famosa reunión”, afirmó Toro.

“Familia de interés” recibió Gift Card estatal

Pero, esto no sería lo único, ya que también un integrante de esta familia -considerada de interés en las indagatorias por robo de madera y sus vínculos con la RML- recibió una Gift Card que se entregó a una comunidad que protagonizó intensas movilizaciones con cortes de camino en el conosur de la provincia de Arauco y alcanzaron un acuerdo con el Gobierno a mediados de junio de 2023.

Consultado por este antecedente, la autoridad provincial reconoció lo sucedido, pero lo atribuyó a un funcionario de ProEmpleo que habría ofrecido 500 cupos de empleos a la comunidad como una forma de desactivar las manifestaciones.

“Quiero recordar también que hubo una gran toma en el sector de Cayucupil, de varias comunidades -a finales de 2022-. Lamentablemente, un funcionario de ProEmpleo fue a una reunión y terminó ofreciendo 500 cupos de empleos”, dijo Toro.

El Delegado no precisó cuándo ocurrió este hecho, ni qué tipo de empleos se ofrecieron. Sin embargo, aseguró que el funcionario actuó por su cuenta y que no tenía autorización para hacer este tipo de propuestas.

“Nosotros no sabíamos de esa situación, nosotros desconocíamos. Eso fue una acción personal de ese funcionario que no tenía ninguna facultad para hacerlo”, afirmó Toro. Añadiendo que el hecho les generó “una crisis”, producto de que las comunidades exigieron posteriormente los empleos.

Entrega de Gift Cards para bajar la presión

Humberto Toro expuso que para bajar la presión del hecho se entregaron alrededor de 200 Gift Cards.

Así las cosas, una de las tarjetas entregadas por la Delegación Provincial de Arauco llegó a manos de la familia del detenido -V.I.M.M.- cuando ya estaban siendo investigados por sus vínculos con la organización radical.

Tras la publicación de esta nota, el Delegado sostuvo que la entrega de la gift card “tiene que ver con otro proceso distinto, que está vinculado a una movilización que hubo en el sector de Huentelolen por diversas comunidades, respecto a solicitar empleos. En esa solicitud de empleos, un funcionario que no es de mi dependencia, equivocadamente ofreció 500 cupos de empleo que no existían y producto de eso hubo una mayor movilización de las comunidades respecto a solicitar el cumplimiento de eso. Fui muy franco cuando me reuní con ellos. Buscamos otros caminos, entre esos caminos ellos solicitaron la posibilidad de que entregáramos una canasta y se entrega a través de una gift card (…) el listado de las personas que podrían recibir esa canasta la hacen las comunidades”.

Asimismo, expuso que ni él ni el Encargado de Asuntos Indígenas tienen conocimiento de las investigaciones que lidera la Fiscalía; tampoco de las diligencias que instruye el Ministerio Público a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

“Eso no tenemos por qué saberlo y no debemos saberlo. Porque precisamente son investigaciones y, por lo tanto, el Encargado de Asuntos Indígenas, cuando va a una comunidad o a un territorio, se reúne con la comunidad. Es probable que cuando está reunido con comunidades, algunos miembros de esa comunidad estén siendo investigados. Pero el Encargado no puede saberlo, porque precisamente las investigaciones son investigaciones privadas para que tenga los resultados que que nosotros queremos. Es por eso que más allá de que el Encargado de Asuntos Indígenas se haya reunido seguramente con comunidades, con estas personas en Cayucupil, eso en nada empañó que esta persona -V.I.M.M.- hoy día en esa investigación está siendo acusada de delito“, cerró.

Por último, respecto al comunicado de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), en el que se reivindican diversos ataques incendiarios ocurridos en la Macrozona Sur, el delegado Toro afirmó que “la RML es un grupo minoritario y violento que no representa a las comunidades mapuches que trabajan en conjunto con el gobierno para mejorar su calidad de vida y acceder a sus demandas históricas”.

Asimismo, el Delegado denunció que existe una relación directa entre los integrantes de la RML y la delincuencia común que opera en la zona, especialmente en el robo de madera, que afecta tanto a empresas forestales como a pequeños propietarios. “Los hechos concretos, evidentes, públicos y comprobados siempre aparecen. Entonces resulta raro que aparezcan siempre nombres vinculados a estos grupos. No es una casualidad, es una situación permanente”, concluyó Toro.