Esta mañana el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, llegó hasta la Fiscalía para prestar declaraciones en la investigación que desarrolla el Ministerio Público por el Caso Convenios.
A eso de las 9:00 horas de este martes, la autoridad regional se presentó en dependencias de la Fiscalía Regional del Bío Bío donde entregará declaraciones ante la fiscal María José Aguayo. Es preciso indicar que la diligencia estaba agendada para la semana pasada, pero se debió suspender debido al fallecimiento del padre del gobernador.
En su ingreso, Díaz aseveró que “vengo a colaborar como lo he hecho desde el primer día, a responder todas y cada una de las preguntas que se me hagan, a medida que sean, por cierto, de conocimiento mío, y voy a prestar toda la colaboración posible”.
“Ahora lo que corresponde es que vaya donde la fiscal y participe del proceso de consultas que se me van a realizar”, añadió.
Testigo, querellante e imputado
Al mismo tiempo que la autoridad hacía su ingreso a la Fiscalía, desde el Gobierno Regional del Bío Bío se difundió con comunicado explicando Díaz fue citado a prestar declaraciones en diversas condiciones: “en calidad de querellante, testigo e imputado”.
En lo que concierne a la investigación sobre los convenios suscritos entre el Gobierno Regional y entidades como la Fundación En Ti y Red Cultivarte, el gobernador comparecerá en calidad de imputado, se detalla en el escrito.
En tanto, en las investigaciones vinculadas a las fundaciones Bonhomía, Club Adulto Mayor de Coronel, CBA y Horizonte Ciudadano, su participación será en calidad de testigo.
Y en el convenio firmado con la Fundación Mi Hogar Asuncionista, prestará declaración como querellante.
“La declaración del gobernador ante la Fiscalía forma parte integral de las diligencias investigativas en curso y no constituye una formalización, ni tampoco una sentencia por algún delito”, recalcan desde el Gore Bío Bío, además de destacar la voluntad de Díaz de colaborar en la causa.
Todo lo anterior se enmarca en diligencias autorizadas por el Juzgado de Garantía de Concepción, tras un requerimiento de la fiscal María José Aguayo, a cargo de investigar los traspasos de recursos desde el Gobierno Regional (GORE) a organizaciones.