Tras la querella presentada por Camila Polizzi en contra de su expareja Sebastián Polanco, apuntándolo como responsable del uso de la Fundación En Ti para postular y obtener del Gobierno Regional del Bío Bío $250 millones, la Defensoría Penal Pública debió designar un segundo abogado para representar a Polanco.
Esto porque en primera instancia se nombró como defensor de ambos a Pablo Ardouin, e incluso el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, detalló que el abogado se había reunido con los acusados a la espera de que se alce el secreto de la investigación para luego preparar la defensa.
Situación que cambió luego que la candidata a diputada presentara una querella por los delitos de apropiación indebida de dineros, estafa y falsificación de instrumento privado mercantil en contra de su ahora expareja y coordinador de campaña, Sebastián Polanco, y del representante de la OTEC Frumisal Ltda., Matías Godoy.
Como la Fundación Conce Solidario, presidida por Polizzi, no cumplía con los requisitos para postular a los fondos del GORE (por tener sólo un año de antigüedad), Polanco le presentó a Gerardo Silva, creador de la Fundación En Ti. El libelo revela que Silva accedió a facilitar su personalidad jurídica para el proyecto, en ese contexto le entregó su Clave Única y la del SII a Polanco, para que obtuviera una firma electrónica avanzada y pudiera firmar los documentos necesarios para esos fines.
La excandidata también los acusa de apropiarse 69 millones de pesos, los que se debían destinar al proyecto de recuperación de espacios públicos y capacitaciones en el sector Barrio Norte.
Nueva abogada para Sebastián Polanco, expareja de Polizzi
Por lo anterior es que se generó una incompatibilidad de funciones y la defensa de Polanco ahora la asumirá la abogada Ximena Pulgar.
En conversación con Radio Bío Bío, el abogado querellante de Polizzi, Renato Zegpi, adelantó que como estrategia frente a la investigación del Ministerio Público planteará su cliente la disponibilidad para colaborar en la pesquisa y que evalúan concurrir voluntariamente a declarar y no esperar la citación.
Además de la querella contra su expareja, la excandidata presentó también una acción legal contra el exseremi de Gobierno, Eduardo Vivando, por el delito de amenaza de muerte.
De acuerdo con los antecedentes, la ex candidata a diputada y a alcaldesa por Concepción arrendó la organización para la obtención desde el GORE Bío Bío de 250 millones de pesos, cuyo uso está siendo indagado por la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo.