El Juzgado de Garantía de Concepción declaró admisible la querella interpuesta por el diputado Leonidas Romero, contra el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz. Lo anterior, por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en el caso Fundaciones.
La denuncia apunta al 31 de octubre del 2022, cuando el Gobierno Regional realizó una transferencia de $274 millones a la ONG RedCultivarte.
Según destapó BBCL Investiga, la organización tenía domicilio en Coronel y estaba dirigida por la cuñada del alcalde de esa misma comuna, Boris Chamorro Rebolledo.
En concreto, se trata de un proyecto de “cuidado integral e inclusivo a adultos mayores vulnerables de Coronel”. El mismo Chamorro está vinculado directamente a la ONG. Esto último incluso está consignado en su presentación del sitio web oficial de la municipalidad que preside.
La querella cuestiona que la directora de la ONG, Elizabeth Villanueva, fue funcionaria del Gobierno Regional con un sueldo bruto de 3 millones. También participó en la campaña política de Rodrigo Díaz. No sólo eso, sino que también está casada con el hermano de Boris Chamorro.
“Pedimos que incauten los computadores antes que se los roben”
La denuncia también apunta a los fondos por $250 millones, que entregó el Gobierno Regional a Camila Polizzi. Según dice el documento, “por una fundación “arrendada”, donde la mayoría de los montos fueron a parar a cercanos de la involucrada”.
Por todo esto, el diputado interpuso una querella por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, detrimento del patrimonio fiscal y graves vulneraciones de la probidad administrativa.
“Sin perjuicio que la investigación permita determinar la configuración de otros tipos penales, en grado de ejecución consumado y en calidad de autor, o a lo menos, cómplice o encubridor, en contra del actual gobernador, Rodrigo Díaz”, estipula el documento.
A través de sus redes sociales, el diputado Romero compartió el siguiente mensaje: “Pediremos a la brevedad a la Fiscalía que incauten los computadores, documentos y teléfonos de GORE y ONG’s, entre otras diligencias, antes de que se los roben”.