Dos oficiales de Carabineros serán imputados como responsables de las lesiones oculares causadas durante el estallido social a igual número de jóvenes en Chiguayante y Concepción, región del Bío Bío. La decisión del Ministerio Público fue adoptada casi cuatro años después de los hechos, lo que generó la crítica de los involucrados.
El fiscal de Derechos Humanos (DDHH), Nelson Vigueras, decidió las formalizaciones por los delitos de apremios ilegítimos, solicitando a los respectivos Juzgados de Garantía las audiencias para formular cargos.
Los casos, ocurridos a los pocos días de iniciada la revuelta social en octubre de 2019, involucran al ex camarógrafo Alejandro Torres y al entonces alumno de Educación Física, Rodrigo Lagarini, determinando la Fiscalía la responsabilidad de dos oficiales.
Avances en procesos penales por traumas oculares
El Instituto de Derechos Humanos (INDH) destacó la decisión, subrayando en la gravedad de los traumas causados por agentes del Estado, dijo la directora del organismo en el Bío Bío, Carolina Chang.
“Estamos conformes con la formalización de estos dos funcionarios policiales, toda vez que son causas que son de especial connotación. Son dos traumas oculares graves ocurridos en la región del Bío Bío durante el estallido social. Estamos avanzando en los procesos penales correspondientes”, dijo.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Fustigan demora en la formalización de carabineros
Serán imputados el actual comandante Luis Mahuzier, por Alejandro Torres; y el mayor Diego Valenzuela, como responsable por Lagarini. En ambos casos la pérdida de la visión fue total en uno de los ojos por efecto de balines y bombas lacrimógenas.
Para Óscar Vega, abogado de Torres, si bien es un avance la formulación de cargos, la demora fue excesiva, dijo.
“Me alegra que lo haya hecho, aunque se haya demorado. Se demoraron tres años y medio, lo que es mucho”, manifestó.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Como senador el año del estallido, Alejandro Navarro, siguió los casos de traumas oculares, fustigando hoy la lentitud de las investigaciones y también el nulo apoyo del Estado a las víctimas.
“Una situación de dilación inexcusable de la propia Fiscalía, dado que estos antecedentes fueron entregados por el INDH cuando sucedieron de manera inmediata. La verdad es que cuatro años después resulta un daño adicional a las víctimas y más aún cuando han quedado abandonadas”, expuso.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Con las formalizaciones, en ambos casos sus abogados ya preparan las demandas civiles que buscarán el pago de indemnizaciones.