Este martes se conocieron antecedentes que vinculan a la delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, con la cuestionada Fundación Democracia Viva que firmó tres convenios con el Serviu de Antofagasta.

En ese sentido, se dio a conocer que el representante de esa Fundación, Daniel Andrade, figura en los registros del Servel con la emisión de una boleta de honorarios a la campaña senatorial de la entonces candidata a la Cámara Alta en noviembre de 2021, por $3.900.000 bajo el concepto de Asesoría Comunicacional.

A su vez, la delegada Provincial del Bío Bío reiteró que el Gobierno está disponible a poner sobre la mesa todos los antecedentes respecto del contrato del Serviu con la Fundación Urbanismo social vinculada a su partido, Revolución Democrática, que se adjudicó por trato directo un proyecto en la región por 148 millones de pesos.

La delegada insiste en que la situación que se generó en Antofagasta y que motivó la presentación de una querella por parte de la dirigencia de RD es muy distinta de lo que se cuestiona en la zona, donde afirmó no hay indicios de ningún tipo de delito ni de comportamiento antiético.

Ante ello, afirmó que no son situaciones similares y no corresponde intentar equipararlas.

De todas maneras, Daniela Dresdner pidió informes al respecto con el objetivo, dijo, de revisar que no existan acuerdos que se hayan realizado de una manera incorrecta y resguardar la integridad del trabajo que está haciendo el Gobierno.

Por su parte, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, se mantiene firme ante la posibilidad de que servidores públicos hubiesen usado el cargo para el enriquecimiento personal, apuntando que la investigación no debe detenerse por decisiones administrativas, como la salida de la -ahora- exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, pues se trata de actos inaceptables.

En la vereda de la oposición, la diputada independiente cercana a la UDI, Marlene Pérez, dijo que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, debe dar cuenta ante el Congreso por el derroche de recursos en el Minvu, que el país no se merece, afirmó.

Tanto la delegada Daniela Dresdner, como el Ministerio de Vivienda, han explicado que en el caso de Urbanismo Social, el contrato contempla la asesoría de 712 personas afectadas por los incendios forestales.

Esto último, con el objetivo de apoyarlos en las respectivas postulaciones habitacionales.

Lo que se cuestiona es que la delegada fue anteriormente parte de esa organización junto a su exjefe de gabinete y actual encargado regional asentamientos precarios del Serviu, Vicente Guzmán.