La Corporación Chilena de la Madera (Corma) solicitó una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, asegurando que han transcurrido más de tres meses desde los incendios forestales y aún no hay una persona detenida por estos hechos.
Por su parte, Conaf Bío Bío elabora más de 400 informes reservados para el Ministerio Público, incluido el siniestro de Santa Ana, que ha resultado el más complejo, y que debería esta concluido en junio.
Juan José Ugarte, presidente de Corma, se reunió a fines de febrero con el jefe del Ministerio Público para abordar la situación que ya calificaban de compleja, por la intencionalidad en torno a los incendios que afectaban al país cobrando vidas, destrucción de viviendas y de casi 500 mil hectáreas.
A tres meses de que aquel encuentro, Ugarte indicó que la impunidad sólo alienta a quienes atentan contra la vida de las personas y la naturaleza, como en este caso en que 26 personas fallecieron por los siniestros.
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Respecto de la investigación de los siniestros, la Conaf del Bío Bío tiene el encargo de realizar 420 informes para la Fiscalía, de los cuales 350 ya están finalizados.
El director regional de la Corporación, Rodrigo Jara, indicó que la PDI está requiriendo de manera permanente estos informes que son de carácter reservado, por lo que no puede adelantar su contenido, por ejemplo, la relación con el origen del incendio Santa Ana.
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A fines de junio deberían estar entregadas todas las carpetas requeridas por el Ministerio Público a la Conaf, que ha debido destinar a esta tarea todo su departamento de investigación de incendios.
La semana pasada, la Fiscalía de Quirihue comunicó que formalizará cargos el próximo 27 de junio en contra de Gilberto Astete Marchant, quien el 23 de enero causó un incendio que consumió 600 hectáreas, cuando intentaba cortar maleza en su parcela de Ránquil.