La Contraloría Regional del Bío Bío ordenó a la Municipalidad de Chiguayante instruir un procedimiento disciplinario contra tres funcionarios involucrados en la elaboración de la base que sirvió para la licitación de un proyecto público, además del alcalde, José Antonio Rivas.
En concreto, el proyecto es cuestión corresponde al “Mejoramiento sistema de evacuación de aguas lluvias en 3 sectores de la avenida O’Higgins”, el cual estuvo a cargo del contratista Manuel Alejandro Muños Ríos y que significó el pago de $74.065.576.
Sin embargo, los problemas se produjeron luego de ser adjudicada la licitación del proyecto. Tiempo después, la Inspectora Técnica de Obra (ITO) de la época solicitó el término anticipado del contrato. Esto, manifestando, que éste reclamó a la Contraloría Regional del Biobío en 2016.
De esta manera, el municipio de Chiguayante debía instruir un sumario en los términos informados por el órgano contralor.
La causa: municipio de Chiguayante incumplió orden de sumario tras término de contrato anticipado
La Municipalidad informó mediante un oficio el 29 de mayo de 2018, que realizó la instrucción ordenada y que este se encontraba en la etapa de cierre de la investigación. Esto, según la certificación emitida por el abogado del departamento de Asesoría Jurídica de Chiguayante, Pablo Aros Rojas. No obstante, esto no se cumplió.
Por ello, el órgano controlar señaló que el municipio contravino especialmente el principio de probidad administrativa, al mentir con dicha información.
En el oficio se señala que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde de Chiguayante, José Antonio Rivas, y tres funcionarios más.
El órgano contralor propuso que se le aplique a Rodrigo Díaz, director de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Chiguayante, la medida disciplinaria de una multa del 10% de su remuneración mensual y una anotación de demérito.
A Gonzalo Díaz, exadministrador municipal, se le anota la medida disciplinaria y suspensión del empleo por tres meses, con goce de sueldo del 50% de sus remuneraciones.
En tanto, al tercer funcionario, Pablo Aros, profesional, pese a que se le acreditó su responsabilidad administrativa, la Contraloría resolvió absolverlo debido a que transcurrieron más de cuatro años y siete días desde el hecho.