Fue reabierta la investigación por el caso Tomás Bravo, pero sólo para que el Ministerio Público entregue a la Defensoría los informes con los errores de la investigación.

Los antecedentes también deberán ser remitidos al abogado de la madre de la víctima, para utilizarlos en la demanda civil al parecer decidida contra el Estado.

Se trata de dos informes enviados a fines del año pasado por la fiscal regional Marcela Cartagena, al Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones, detallando los errores en las pericias efectuadas por esos organismos como parte de la indagatoria por la desaparición y la muerte del niño.

La Defensoría alegó que sin esos antecedentes se vulneraba el derecho de Jorge Escobar al debido proceso en el juicio que deberá enfrentar, imputado por haber abandonado a su sobrino nieto, lo que fue rebatido por el fiscal Michelangelo Binachi, asegurando que los informes no son resultado de diligencias ni están contenidos en la carpeta investigativa.

La jueza de Garantía de Arauco, Perla Roa, rechazó esos argumentos y acogió la solicitud de la defensa, subrayando en que el Ministerio Público debe permitir a la Defensoría contar con las pruebas para representar al acusado, además de cumplir con el principio de objetividad.

Por eso, dio como plazo a la Fiscalía hasta el próximo martes para entregar los informes, lo que fue destacado por el defensor regional Osvaldo Pizarro, subrayando en la importancia del fallo.

Los antecedentes, además, deberán ser entregados al abogado querellante Pelayo Vial, quien los solicitó al adelantar la posible demanda contra el Estado por el daño que la falta de servicio ha causado en Estefanía Gutiérrez, la madre del niño Tomás Bravo.

En paralelo a esta reapertura de la investigación por el plazo de una semana, está pendiente en la Corte Suprema un recurso de la Defensoría que denunció como ilegal la reformalización de su cliente.