Un martillero público del Bío Bío enfrenta al menos cuatro querellas por pagos de más de 200 millones de pesos por remates directos.
Denuncias y querellas por estafa enfrenta un martillero público de la región del Bío Bío, acusado de ofrecer, a través de la figura de remates directos, distintos tipos de vehículos por sobre los 200 millones de pesos.
Hasta el momento, las víctimas aún no reciben las especies.
Son al menos cinco las acciones legales en trámite en Concepción, Talcahuano y Yumbel.
Modus operandi del martillero público
Pedro Martínez, de Cabrero, es una de las víctimas. El afectado relató que el modus operandi del martillero, Edison Cid Chavarría, consistía en entablar una relación de confianza a partir de su cargo, ofreciéndoles automóviles e incluso retroexcavadoras, las que nunca se entregaron.
“Yo con él hablo casi todos los días. Que lo vamos a arreglar, que lo vamos a arreglar (le dice el acusado), pero todo falso”, relató el hombre.
Al igual que Pedro, otras cuatro víctimas presentaron denuncias, entre ellas Manuel Durán, quien sufrió un perjuicio de 36 millones de pesos.
Ese dinero, indicó su abogado, Matías Rusiñol, lo pagó a través de engaños por parte del martillero público.
“Este sujeto al aprovecharse de su condición de martillero público (…) se aprovecha y abusa de esta confianza, comentándole a mi cliente que tenía la posibilidad de acceder a remate de vehículos a un bajo costo. En ese sentido, se ve expuesto a esta estafa”, manifestó el abogado.
A Edison Cid lo defiende el abogado Miguel Ángel Reyes, quien señaló que si bien está conociendo recién los antecedentes en contra del martillero público, detrás de las denuncias y querellas habría un incumplimiento de contrato, actualmente materia de una demanda en un Juzgado Civil.
El caso más grave es el de la dueña de un departamento en el sector Brisas del Sol, en Talcahuano, que lo arrendó al martillero. Cid Chavarría aprovechó dicha relación, de acuerdo a la querella, para ofrecer remates directos de vehículos e incluso un inmueble, todo por 117 millones de pesos pagados sin que se concretara la entrega de los bienes.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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