La Fundación Amparo y Justicia solicitó a la Fiscalía la reformalización del tío abuelo de Tomás Bravo, de manera de imputarlo por el delito de abandono de menor con resultado de muerte.
En paralelo, la Defensoría pidió el cierre de la investigación, lo que se resolverá en una audiencia durante la primera quincena de marzo.
En una etapa crucial se encuentra el caso del pequeño desaparecido y encontrado muerto hace dos años en el sector Caripilún de la comuna de Arauco.
Ante el fin del plazo legal de investigación, el Ministerio Público debe decidir próximamente si mantendrá o no los cargos por homicidio calificado en contra de Jorge Escobar, o, en caso de no conseguir las pruebas para llevarlo a juicio, invocar la facultad de no perseverar.
Sin embargo, está también la posibilidad de imputar al tío abuelo del niño Tomás Bravo por un delito distinto al homicidio, justamente la solicitud realizada por el abogado Alejandro Espinoza, consultado si estaba sobre la mesa la reformalización.
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En comparación con el homicidio calificado, la figura del abandono de menor con resultado de muerte conlleva una sanción igualmente alta, pudiendo llegar a los 15 años de cárcel, lo que va a depender de factores como la relación entre la víctima y victimario, es decir, si en este caso Escobar era o no el cuidador de su sobrino nieto.
En el intertanto, la Defensoría presentó ante el Juzgado de Garantía de Arauco la solicitud de cierre de la indagatoria, argumentando el defensor Pedro Aguilera que no existen pruebas para llevar a juicio a su representado.
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Extraoficialmente, La Radio conoció que la audiencia para debatir el cierre de la causa se fijó para el 10 de marzo, fecha hasta la cual la fiscal regional Marcela Cartagena tiene plazo para pedir la reformalización, esperando además tener para entonces las conclusiones del peritaje de ADN pendiente, encargado a la Universidad de Santiago de Compostela en España.